El Plan de Acción de Inteligencia Artificial (IA) de Estados Unidos, recién publicado la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump, se presenta abiertamente como una hoja de ruta para “ganar la carrera” de la IA. A pesar de sus 23 páginas, el alcance del documento es muy amplio, pues abarca aspectos relativos a la innovación, al desarrollo de infraestructura y también, desde luego, a la geopolítica.

Se presenta sin ambages, y mediante una retórica bastante audaz, como una plataforma a partir de la cual se podrá asegurar el predominio estadounidense en el desarrollo de este tipo de tecnología en el mundo. El documento, precisamente por estar orientado al cumplimiento de esas metas, presenta también aspectos ciertamente preocupantes.

En primer lugar, las referencias que hace el documento a conceptos y discusiones centrales en el desarrollo de una tecnología que puede afectar todos los aspectos de la vida, como los derechos humanos, la ética de la IA, la transparencia y la rendición de cuentas, son sorprendentemente escasas. Estas referencias, cuando las hay, generalmente se intercalan en debates realmente concentrados en asuntos como la seguridad nacional y los “valores estadounidenses”.

El Plan, por tanto, rara vez presenta la IA como una herramienta que deba estar sujeta a directrices éticas claras, ya no digamos siquiera alineada con otras normatividades internacionales. Esta ausencia no es solamente una cuestión semántica; indica que, en la búsqueda de un “dominio tecnológico global indiscutible”, se han dejado de lado las cuestiones sobre el impacto de la IA en los grupos marginados, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas.

El objetivo central del plan —ganar la “carrera de la IA” y establecer un dominio global indiscutible— plantea, además, un problema más profundo. En este sentido, el plan está impregnado de lo que podemos llamar nacionalismo tecnológico. En repetidas ocasiones, y de diferentes formas, el documento afirma que Estados Unidos debe “asegurar el liderazgo”, “exportar la IA estadounidense a sus aliados” y “negar a los adversarios el acceso” a recursos y mercados.

El mensaje a China resulta más que obvio. El énfasis constante en aspectos de seguridad nacional y de defensa corre el riesgo de consolidar la IA como una herramienta de proyección de poder en lugar de progreso compartido. Cuando la IA se presenta casi exclusivamente como un mecanismo clave para asegurar el poder en términos geopolíticos –y no quiero decir que el desarrollo la IA no pueda servir también este propósito— se desplaza la idea misma de una tecnología con posibilidades democratizadoras, destinada a resolver los problemas comunes que nos aquejan a todos: el cambio climático, la prevención de pandemias y el fortalecimiento de la salud pública, o el mejoramiento de los procesos educativos, por mencionar unos pocos. Por ello, en lugar de ser un documento que sirva para tender puentes, el plan corre el riesgo de emplearse como cimiento para fortificar muros.

Si los modelos de IA se nutren del patrimonio cultural e intelectual mundial sin una remuneración justa, y la estrategia principal del gobierno no insiste en la rendición de cuentas a los creadores, ¿a qué futuro contribuye realmente esta tecnología? ¿Qué va a pasar con todas las personas que viven de sus creaciones?

Quizás lo más preocupante es que el plan abre la posibilidad de revertir la —escasa— regulación y los principios que se habían alcanzado en Estados Unidos hasta el año pasado. Pero esto ya se veía venir. El Presidente Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, había rescindido la Orden Ejecutiva 14110 “Sobre el Desarrollo y Uso Seguro, Protegido y Confiable de la IA”, promulgada por el presidente Biden que no sólo promovía la competitividad e innovación en el desarrollo de la IA, sino que hablaba de proteger derechos civiles, laborales y de privacidad, así como proteger la propiedad intelectual y promover las marcas de agua y otros mecanismos para reducir riesgos de mal uso y desinformación.

Más aún, la actual administración acaba de promulgar el 23 de julio una Orden Ejecutiva para “Prevenir la IA Woke en el Gobierno Federal”, lo que implica echar para atrás todas las salvaguardas y protecciones a derechos que ya se tenían ganados en el uso y aplicación de esta tecnología en las áreas del gobierno federal. Y, por si fuera poco, el plan también condiciona la distribución de recursos federales para promover la IA en estados que cuenten con regulaciones que considere “gravosas” (burdensome) para el libre desarrollo de la industria de IA. De esta forma, la transparencia, la rendición de cuentas y las garantías de derechos —las salvaguardas que más necesitamos— corren el riesgo de ser descartadas en nombre de la velocidad.

Desde luego, no todo es sombrío. El apoyo del plan a los modelos de IA de código abierto, las inversiones en la interpretabilidad de la IA y las propuestas para mejorar los salarios en el sector son aspectos, sin duda, positivos. Sin embargo, si se mira con cuidado, nuevamente se vinculan a las metas estratégicas y geopolíticas de seguridad nacional, más que a consideraciones democráticas y de búsqueda de soluciones comunes.

Así, ante la disyuntiva de considerar a la IA un mecanismo para el bien común global o un trofeo nacional dentro de una competencia hegemónica global, el plan claramente se orienta a la segunda. El problema, para países como México, es que limita enormemente el horizonte de posibilidades para gestar una tecnología que responda a nuestros propios intereses de desarrollo en beneficio de un bien común.