por Estela Casados
¿Vendrán tiempos mejores? Una canción promete que así será. Bien sabemos que sin la estrategia de acciones de prevención, sanción, justicia y reparación seguimos lejos de alcanzar la erradicación de las violencias contra mujeres en Veracruz.
Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
Hace algunos años una querida amiga, jubilada y adulta mayor, fue víctima de feminicidio en la colonia Centro de la ciudad de Xalapa. A pesar de la presión mediática, la intervención de la Junta de vecinas y vecinos de la calle donde ella vivía, así como del presidente municipal de aquel entonces, el caso se sumó al altero de carpetas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Más por el seguimiento dado por la familia de la víctima que por el “buen oficio” de las autoridades, en 2022 el feminicida fue capturado en el Estado de México. Al poco tiempo, la Fiscalía lo liberó porque la carpeta que su personal había armado para el caso estaba mal integrada. Lamentablemente, ésta no es la excepción.
El pasado 21 de enero, la actual fiscal compareció ante el Congreso local. Informó que en 2024 se perpetraron 53 feminicidios en el estado de Veracruz y se emitieron 33 sentencias condenatorias. Los datos oficiales que proporcionó permiten observar que fueron diez más que el año anterior, situación que no permitió hacer un lucimiento de casos a la baja, tal como se había hecho en comparecencias pasadas.
Agrupaciones feministas de la sociedad civil, así como familiares de víctimas de feminicidio, desde hace años han señalado que es recurrente que el personal de la Fiscalía no inicie las carpetas de investigación apegadas al protocolo para determinar si se trata de este delito. Más que falta de capacitación, obedece a la necesidad de enmascarar cifras y lucir un decremento que parece no ser real. Los elementos para sostener estos dichos los tiene cada familia que observa cómo los casos migran hacia el delito de homicidio, siendo que presentan una o varias razones de género señaladas en el Código Penal.
En la comparecencia la fiscal indicó que la institución a su cargo no es responsable de las determinaciones de cada juez. Sin embargo, bien sabemos que más allá de la falta de perspectiva de derechos humanos y de género que es moneda corriente cuando se emiten las sentencias, si se inician carpetas con deficiencias difícilmente se tendrán los elementos conducentes para sostener que el asesinato fue feminicidio y no homicidio.
La figura de feminicidio, si bien fue un logro para que pudiera ser sancionado el odio y menosprecio que acaba con la vida de las mujeres, al paso de los años se ha convertido en la construcción de una argucia engañosa por parte del Estado mexicano, concretamente de las fiscalías estatales, las secretarías de seguridad locales y los organismos federales a quienes cada entidad federativa debe rendir cuentas. Veracruz no escapa a esta tendencia.
Es de llamar la atención que a la par de las cifras compartidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Informe de 2024 sobre Violencia contra Mujeres, establece para la entidad un total de 283 homicidios de mujeres. ¿Cuántos de estos se encuentran registrados bajo ese rubro porque se varió arbitrariamente el tipo de delito? Jamás lo sabremos.
Dicho informe también establece que tres mil 74 veracruzanas fueron víctimas de lesiones dolosas, ocho vivieron secuestro y 420 fueron víctimas de extorsión, es esta última cifra la que ubica a Veracruz en tercer lugar nacional por ese delito. Además, 23 menores de edad fueron víctimas de corrupción de menores; por trata de personas el Informe oficial consigna 21 casos.
El Secretariado presenta información abundante pormenorizada, la cual fue proporcionada por la misma Fiscalía de Veracruz. Si leemos detenidamente, observamos que además de que hay una relación causal entre las violencias registradas y que leyéndolas en conjunto se explica la situación que subyace, podemos observar que la rendición de cuentas hecha aquel 21 de enero es parcial y que la revisión que las y los diputados dieron al quehacer de la Fiscalía fue cómplice y desinformada, ahogada por el espectro político predominante en estos tiempos.
