Fuera de agenda / El botín soñado
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@velediaz424
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Ciudad de Mexico, 4 de abril de 2026
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El platillo más deseado del cibercrimen acaba de ser aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados sin análisis técnico, ignorando adecuaciones para respetar el derecho humano a la privacidad, y al mejor estilo de un régimen autocrático: sin considerar observaciones de especialistas y de políticos de oposición.
El “botín” se llama Plataforma Única de Identidad, y albergará los datos biométricos de más de 130 millones de mexicanos contenidos en la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual se sabe que facilitará las labores de espionaje masivo del gobierno.
La trampa del oficialismo en ambas cámaras fue incluir en las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una reforma a la Ley General de Población que convierte a la CURP en “la fuente única de identidad obligatoria y el medio de asociación con cualquier registro en poder de autoridades y particulares”, es decir para realizar todo servicio o trámite en ente público o privado será obligatorio presentarla. A esta reforma se le sumó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite la geolocalización en tiempo real de las personas en sus dispositivos móviles, avalada en “fast track”.
A finales del año 2024 durante los cambios y relevos de altos mandos militares, un general de alto rango con larga experiencia en inteligencia y operaciones, comentó que el problema más “delicado” al interior de la administración pública federal durante el sexenio de López Obrador y con visos de continuidad con Claudia Sheinbaum era la reducción del gasto inversión en los sistemas de ciberseguridad y seguridad de la información. El ejemplo más claro para la Defensa Nacional fue el hackeo de correos electrónicos internos por el colectivo de hackers “Guacamaya”.
Con la reforma un nuevo asiento se coloca en la mesa de las infraestructuras críticas de la información para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con la Plataforma Única de Identidad. Estas infraestructuras son consideradas estratégicas por estar relacionadas con la provisión de bienes y prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la seguridad nacional.
Un documento del Centro de Operaciones del Ciberespacio, de la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, advertía a finales del sexenio pasado de la evolución de las amenazas a la infraestructura crítica del Estado mexicano. El informe hacía un repaso de los ciberataques más relevantes que se han dado en países desarrollados con énfasis en los casos en México.
Destacaba en 2018 el ataque que sustrajo 300 millones de pesos al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el ciberataque a la infraestructura tecnológica de Pemex en noviembre del 2019, y en 2020 a la Función Pública que expuso las declaraciones patrimoniales de 830 mil servidores públicos. El hackeo a la Lotería Nacional en 2021 y a la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2024, son dos de los últimos casos que exhiben la fragilidad de la infraestructura sobre la que se prevé opere la Plataforma Única de Identidad.
