Ese proceso unilateral donde Estados Unidos por sí solo pretendía arrogarse el derecho a “calificar” la lucha antidrogas de México duró desde 1986, es decir, 16 años. La justificación fue evaluar los esfuerzos de cooperación entre ambos países en dicha materia. Los países no certificados perdían asistencia bilateral y se les imponían sanciones económicas y comerciales, como los narcoranceles de Trump por culpa de los abrazos al narco de Morena.

Irónicamente la medida fue en gran medida adoptada por Ronald Reagan como una consecuencia al caso del asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, en 1985, lo cual provocó la extracción en 1990 del doctor Álvarez Machain, quien presuntamente le mantuvo vivo para efectos de la tortura que le propinaron antes de matarlo la gente de Rafael Caro Quintero, caso similar al que los Chapitos con la ayuda de Rubén Rocha hicieron con el Mayo Zambada.

Durante el narcosexenio anterior, el presidente López decidió sabotear toda la cooperación con los vecinos del norte, al grado de expulsar a los agentes de la DEA e incluso retirar de labores de inteligencia al más valioso y quizá único enlace confiable con el que contaban, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, mejor conocido como “El Águila”, pero la gota que sin duda derramó el vaso fue la exoneración burda y grotesca del general Salvador Cienfuegos, cuyo caso e investigación elaboró el actual director de la DEA con Trump, Terrance Cole.

En los años 1987, 1988, 1997, 1998 y 1999 se iniciaron proyectos de resoluciones para revertir la certificación de México, pero sin duda la más tensa fue la de 1997 por el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo como ahora la sufre México por la narcopolítica de Morena y López Obrador del fentanilo, anfetaminas y el huachicol, pero ni siquiera en ese caso del siglo pasado se acusó al gobierno federal de tener una “alianza intolerable” con el crimen organizado. Las imputaciones fueron a las personas en específico y de falta de cooperación, no de colusión derivada y sabotaje a la coordinación.

Ahora la podredumbre ha llegado al extremo de la descarada ayuda disfrazada de asistencia consular a través de los abogados que #LesDanPenilla quienes les ayudan a financiar sus campañas electorales a cambio de impunidad y sabotear extradiciones pero, al igual que Zedillo, la Presidenta Sheinbaum se dobló y no pudo aguantar más las 29 expulsiones y accedió a dar carta blanca a Trump para los sobrevuelos de sus aviones y drones.

De facto, Trump ha reinstalado el proceso de certificación antidrogas del gobierno de Sheinbaum con la amenaza de los narcoaranceles, sólo que en vez de ser anual y mediante el Congreso, es ahora mensual y unipersonal, lo cual lo vuelve más unilateral, subjetivo y autoritario, quizá porque con Morena la evidencia es tan abismal y contundente que no necesita legitimación previa de nadie.

En su momento el PRI, el PAN y el PRD nos opusimos a ese mecanismo unilateral de certificación antidrogas en los años 90. De hecho, el propio AMLO como dirigente nacional del PRD publicó un desplegado contra Bill Clinton el 7 de mayo de 1997 rechazando la medida. Sus palabras fueron: “el uso declaradamente político de la lucha contra el narcotráfico muy notoriamente la inadmisible técnica de la certificación”. Vaya ironía que ése y no los programas sociales haya sido el legado de AMLO a México, una nueva certificación antidrogas impuesta unilateralmente por su amasiato y abrazos al narco con fines electorales.

La DEA jamás renunció a llevar ante su justicia a Caro Quintero por el caso de Kiki Camarena con la intención de poder armar otro caso contra el político que todo lo supo y lo encubrió. Se especula que esa pesquisa llegará hasta el zar inmobiliario Bartlett. Es en ese mismo sentido que Sheinbaum sabe que esas 29 expulsiones no bastarán hasta que entregué a través de esta nueva certificación las 13 cabezas de Morena que Luis Chaparro señala ya tienen identificadas a las autoridades estadounidenses.