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Podría decirse que la entrega anterior fue particularmente institucionalista. Y con razón. La construcción de instituciones –sobre todo policiales, a nivel estatal y municipal– es un elemento central para la pacificación del país. No obstante, y sin menoscabo de los sostenido hace quince días, es necesario hacer algunos matices en torno a los límites de la construcción del Estado (state-building).
La solución a la inseguridad y la violencia en diversas regiones del país puede parecer una verdad de Perogrullo: llevemos más instituciones –más Estado– a aquellas áreas donde sea necesario. Sin embargo, la solución deja de ser obvia en sistemas sociales tan complejos como los de Michoacán o Guerrero, por ejemplo. Toda acción tendiente a “llevar” o “fortalecer” el Estado debe tener en cuenta por lo menos dos limitaciones en el México del siglo XXI: a) ningún diseño institucional del gobierno central podrá moldear las formas de hacer política a nivel local –en realidad, las instituciones tendrían que ser resultado de la interacción entre ambas–; y b) la construcción de instituciones no son suficientes para construir grandes voluntades colectivas, sobre todo en comunidades cuyo tejido social se ha deteriorado por años –Afganistán, por ejemplo, es uno de los casos de state-building más dramático y costoso en la historia reciente.
Por ello, todo esfuerzo sostenido orientado a la construcción de instituciones requerirá considerar el entorno sociopolítico de la comunidad y sus elementos, a saber: líderes locales y actores clave; relaciones y tensiones entre los actores; narrativas que dan sentido a una comunidad; así como valores públicos e intereses privados. Dicho de manera sintética, el gobierno central tiene que ser un facilitador de la gobernabilidad local, y no asumirse como un cruzado.
Pero tampoco hay que ser ingenuos. Encontrar, y trabajar con, líderes locales y actores clave para pacificar un país puede tener dos desafíos importantes: a) el dinamismo –por no decir inestabilidad– del sistema de alianzas y los liderazgos en una comunidad; y b) la posibilidad de hacer tratos políticos con grupos ilícitos –en el caso de México con organizaciones delictivas–, toda vez que se han convertido en un elemento inseparable del panorama político, social y económico de una localidad.
Diversos casos de estudio en el mundo sugieren que las transiciones de un contexto de violencia armada a uno de paz están definidas por un patrón: la existencia de acuerdos políticos en los que explícitamente se negocia la distribución de poder y de recursos entre actores clave –para un ejemplo histórico, se recomienda el estupendo artículo de Francis Fukuyama The Last English Civil War, en la revista Daedalus. Así, la evidencia disponible permite concluir que la violencia armada se estabiliza cuando la distribución de beneficios, oportunidades y recursos (tales como posiciones políticas y prospectos de negocios) es consistente con la forma en que el poder está distribuido en una comunidad.
Para concluir, la construcción de instituciones será condición –muy– necesaria pero no suficiente para pacificar el país. Es necesario que una política de seguridad en México incorpore estos matices y los traduzca en acciones de política pública. De lo contrario, el exceso de confianza en la construcción del estado podría ser un ideal inaplicable en la realidad. Así de simple; así de complejo.
