Por Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común
La crisis de inseguridad por la que atraviesa México tiene múltiples manifestaciones de actos violentos. Causa en Común realiza un seguimiento sistemático a las atrocidades que ocurren en el territorio nacional, a través de fuentes periodísticas. En dicho informe, se presentan, describen y analizan los principales hallazgos sobre este tipo de sucesos delictivos, entendiéndose atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; muertes de un alto número de personas; muertes de personas vulnerables o de interés político, y /o para provocar terror.
De acuerdo a la metodología de la organización, se ha definido un linchamiento como “la agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona que provoca su muerte”. Por su parte, un intento de linchamiento es aquella donde se somete y golpea a la víctima, sin que cause la muerte. El estudio sobre atrocidades registra un aumento en el número de linchamientos o intentos de linchamiento en lo últimos años. Durante 2020, se registraron 39 linchamientos y 150 intentos de linchamiento; en el 2021 fueron 42 y 279, respectivamente; y en lo que va del 2022 se han registrado 5 y 54, respectivamente. Algunos de los estados donde más se registran estos hechos son Puebla, que lideró el conteo de linchamientos en 2020 con 10, y de intentos con 41; y Oaxaca, que lideró el 2021 con 6 linchamientos y 44 intentos. Tan solo en marzo de 2022, Oaxaca registró 8 intentos de linchamiento, cuando en el primer bimestre del año (enero - febrero) había registrado 3.
El Informe Especial sobre la Problemática de Linchamientos en el Territorio Nacional, presentado en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que los linchamientos son “actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”.
A reserva de hacer un análisis mucho más detallado sobre las condiciones políticas, económicas y sociales que permiten este tipo de actos de “justicia por su propia mano” en algunas entidades del país, lo que es un hecho es que la población tiene un muy bajo nivel de confianza en las autoridades denominadas como “primeras respondientes”, es decir, aquellas que se encargan de atender en primera instancia un hecho de violencia, como son las policías municipales (55% de confianza) y los ministerios públicos (58% de confianza), lo cual es bajo en comparación a la percepción que se tiene de las Fuerzas Armadas, quienes están con un promedio del 90% de confianza ciudadana. Además, la ciudadanía percibe a las policías y los ministerios públicos con un alto nivel de corrupción (65% y 62%, respectivamente), todo esto a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobe Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.
Estos datos nos han llevado a que México sea un país sin denuncia y sin confianza en las autoridades judiciales. Por ello, Causa en Común hace un llamado a revisar con detenimiento los factores que llevan al hartazgo social contra la impunidad y la violencia, y que se manifiesta a través de estos lamentables sucesos; y también, a promover la denuncia ciudadana mediante campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad.
