Seguimos viendo a políticos oficialistas que tratan de minimizar la tragedia de la violencia extrema y, como estamos constatando, sistematizada. Usando eufemismos para referirse a casos que confirman el nivel al que ha escalado esta crisis interminable.

Como si lo que se ha descubierto en Teuchitlán, como en otros sucesos, fuese una exageración de la prensa, la oposición política, las víctimas y sus familiares o los grupos que se han organizado para buscar a sus desaparecidos.

Que ejerzan las facultades y usen los recursos que la ciudadanía les ha encomendado para ello y para que prevalezca el Estado de derecho en vez del imperio de la violencia.

Ir a las causas: la impunidad, la corrupción en muchas instancias y la negligencia imperante en gobiernos de todos los colores políticos y órdenes, pero también en nuestra sociedad.

Es alentador ver que el actual Gobierno Federal, liderado por la Presidenta y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, están enfrentando el desafío con una diligencia y un compromiso que contrastan con la inacción de los últimos años.

Como sea, debemos despertar como nación. ¿Más allá de un caso como el que destapó el colectivo Guerreros Buscadores, qué tendríamos que ver para decidirnos a no permitir más esta descomposición?

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza desde la década de 1960, pero tan solo en el sexenio pasado, de los “abrazos y no balazos”, se sumaron casi 51 mil 800 nuevos casos y se encontraron más de 2 mil 800 fosas clandestinas.

De acuerdo con la organización “A dónde van los desaparecidos”, grupo de periodistas que cubren este fenómeno y las luchas de quienes los están buscando, en los primeros 100 días del actual se registraron más de 4 mil, 40 por día.

La realidad que reportan especialistas con datos: de 2019 a 2022, la cantidad de desapariciones se mantuvo entre 8 mil y 8 mil 600 anuales; en 2023 aumentó a casi 10 mil 300; 2024 cerró con un récord de más de 13 mil 600.

En 2024, superaron en casi 30% a las muertes violentas. ¿Cuántos asesinatos, masacres e historias de horror hay sin contabilizarse, sin que se haga justicia? Pensemos en los niveles de impunidad de más de 90 por ciento.

Se nota que en el Gobierno Federal se está haciendo un esfuerzo para que cambien las cosas respecto a la negligencia del sexenio pasado, pero hay que ir a fondo.

El problema es que, como en tantos desafíos en México, lo que más hace más falta y urge no son más propuestas y leyes, sino compromiso para realizarlas efectivamente.

Un comunicado firmado por docenas de organizaciones de familiares de desaparecidos es claro en que las nuevas propuestas implican mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación.

Lo que ha faltado no sólo es presupuesto, sino voluntad para hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años se ha invertido más tiempo en retórica para minimizar la crisis que en resolverla con acciones. Eso es lo primero que debe cambiar y sostenerse.