Vicecoordinador de los diputados del PAN
Claudia Sheinbaum ni siquiera ha presentado formalmente su iniciativa de reforma electoral, y ésta ya se está tambaleando. Qué tan poco fiable ha de ser el documento que está trabajando el Ejecutivo, que ni sus propios aliados, el PVEM y el PT, quieren apoyarlo.
Pareciera que, incluso a ella misma, le apena salir en defensa de su reforma, de ahí que no se atreva a decir abiertamente cuál será su contenido, mientras sigue pateando el bote, dos o tres semanas más, a ver si puede convencer a sus aliados.
En sus mañaneras, sólo enuncia temas generales –disminución de financiamiento a partidos, menos legisladores plurinominales– y cuando le preguntan propuestas concretas, insiste que aún no hay una propuesta (no vaya a ser que haga enojar a sus aliados). Pero sí se enoja, y bastante, cuando los especialistas en la materia electoral le demuestran que debilitar la representación proporcional es un paso firme hacia el autoritarismo.
Sobre la representación proporcional como elemento sine qua non de la transición democrática en México, nos ocuparemos en otro momento. Por ahora, nos referiremos a la muy limitada idea del morenismo de pretender transformar de fondo el régimen electoral mexicano con el pretexto de ahorrar recursos públicos.
¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos la organización de las elecciones y el financiamiento público a los partidos? La cifra varía, pues se incrementa exponencialmente en los años en que se celebran elecciones. En 2024, las elecciones, el INE y los partidos nos costaron 32.7 mil millones de pesos (mmdp); en 2025 la cifra bajó a 27 mmdp (no obstante la elección de los ministros de los acordeones) y para este 2026 bajó aún más, a 21.8 mmdp.
¿Eso es mucho o poco dinero? Este año, el Presupuesto de Egresos considera un gasto total del Estado mexicano por 10.1 billones de pesos, de manera que el INE y los partidos nos cuestan 0.2 por ciento del total de dinero que se gasta el gobierno. Ahora bien, ¿se podría utilizar ese dinero para otros objetivos públicos? Desde luego que se podría, pero eso sería a costa de la calidad de las elecciones en México. En realidad, la pregunta importante es, ¿en qué utilizaría el morenato esos recursos? ¿En salud? No, Morena redujo recursos a los institutos de salud este año. ¿En educación? No, en el actual presupuesto, Morena redujo dinero para la educación superior. ¿En seguridad? No, Morena votó para que este año la Secretaría de Seguridad tuviera 18 por ciento menos recursos.
En realidad, Morena quiere quitarle recursos a la democracia mexicana para que ese dinero se lo repartan como botín. En efecto, los 21.8 mmdp que este año nos cuesta el INE, y todos los partidos, es una cantidad menor de lo que este año el gobierno pagará en subsidios para una obra, tan mal hecha, que hace unos días mató a 14 mexicanos, el Tren Interoceánico, que este año recibirá 24.2 mmdp. Que nunca se olvide que el sobrino de AMLO fue el que vendió el balasto de mala calidad para ese tren y espetó: “Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo”, y el propio hijo de AMLO, Bobby López Beltrán, fue quien supervisó la obra.
Los 21.8 mmdp que cuesta la democracia mexicana es una cantidad muy menor de lo que este año nos cuesta a todos los mexicanos el subsidio al Tren Maya: 30.7 mmdp. Una obra con un beneficio nulo, que ha costado en total más de 500 mmdp, que destruyó miles de hectáreas de selvas, y que también ha sido un negocio multimillonario de otro de los hijos de AMLO, Andy López Beltrán, a través de su operador financiero, Amilcar Olán.
Aún más, desde que Morena llegó al poder, la democracia mexicana nos ha costado 180 mmdp. ¿Eso es mucho? Es una cifra irrisoria en comparación con los 600 mmdp que los morenistas se han robado con el huachicol fiscal; y es apenas una décima parte de los 1.4 billones de pesos que, en ese mismo periodo, nos ha costado a los mexicanos la deuda de Pemex y de CFE (sólo la deuda).
Así que no, es absolutamente insostenible el pretexto usado por el narcogobierno morenista de que abaratar la democracia generará ahorros para el pueblo. Bastaría con que regresaran lo que se han robado por huachicol fiscal y con eso alcanzaría para financiar la democracia mexicana, por lo menos, los próximos veinte años.
