Según datos del Inegi, siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sido víctima de violencia sexual. Son cifras escalofriantes que muestran una realidad que no se corrige con discursos, sino con acciones contundentes. El problema no es la falta de leyes, es la falta de voluntad para hacerlas cumplir.

Por eso es de reconocer la reacción inmediata de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, al activar el protocolo correspondiente. Esa respuesta institucional no solo acompañó a una víctima, envió un mensaje claro: ninguna mujer, sin importar quién sea, debe enfrentar la violencia sola. Los protocolos sirven cuando se aplican con decisión y perspectiva de género. Sirven porque generan acompañamiento, porque abren rutas de denuncia seguras, porque evitan la impunidad y, sobre todo, porque ponen a las instituciones del lado correcto de la historia.

Este caso debe convertirse en un punto de inflexión. No podemos seguir tolerando que la violencia contra las mujeres sea parte del paisaje cotidiano. Cuando una mujer es violentada, todas lo somos. No hay jerarquías en la dignidad, lo que le hicieron a la Presidenta es el acoso que viven miles de mexicanas cada día.

Las mujeres no pedimos privilegios, exigimos respeto, justicia y seguridad. Queremos un país donde el miedo no sea rutina y donde la impunidad no sea la respuesta. Queremos instituciones que protejan, no que sean omisas, autoridades que acompañen, no que cuestionen, que apliquen las leyes y que las denuncias no se archiven.

Hablo desde la fuerza y la memoria de las que ya no tienen miedo. Desde la certeza de que cada vez que una mujer alza la voz se derrumba un muro del silencio. Porque ningún agresor es intocable, y ninguna mujer volverá a estar sola mientras existamos quienes decidimos luchar, acompañar y no callar.