En los hechos estamos frente, no solo a recortes presupuestales, sino al desmantelamiento de la política pública para construir la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. No podemos permitirlo.
Cuando hablamos de la relación gobierno y presupuestos públicos para disminuir las brechas de desigualdad y la no violencia contra las mujeres, la mejor manera de explicarla es con La Bartola, la popular canción de Chava Flores, ya que los recursos públicos para las mujeres siempre se regatean, son mínimos, tienen que alcanzar para todo y ahora -con el decreto de “austeridad” por la emergencia sanitaria - se deben recortar hasta el 75%, sin importar el impacto que tiene en la vida de las mujeres, ni que dichos recortes sean contrarios a la ley.
Esta relación inequitativa no es nueva, ni con uno ni con otro gobierno ha cambiado, antes bien, empeora. Dice un dicho que hechos son amores y no buenas razones, pues es a través del presupuesto público que se manifiesta la voluntad política de un gobierno. Un gobierno progresista pondría como prioridad invertir los recursos financieros suficientes en favor del adelanto de las mujeres, su desarrollo, bienestar y autonomía. Lo demás es discurso.
Los presupuestos con enfoque de género son una herramienta para la igualdad sustantiva, su objetivo es remediar las desigualdades entre mujeres y hombres pues contribuyen a un nuevo diseño de la política pública orientada a fortalecer la autonomía de las mujeres en ámbitos fundamentales como la economía, la salud, la educación, la seguridad, la atención y prevención de la violencia, entre otros.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contiene la relación de programas presupuestarios federales con montos etiquetados. Del 2008 (que se constituyó) a la fecha, el Anexo 13 tuvo un incremento cuantitativo de 94 mil 684 millones de pesos. Sin embargo, este aumento no se ha reflejado en mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Durante este tiempo, ningún gobierno (federal o local) ha apostado en serio por echar a andar y/o fortalecer políticas públicas para disminuir brechas de desigualdad y atender con carácter de urgencia la violencia de género.
Los programas y las acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, no solo no se han incrementado, han desaparecido o se han disminuido. Entre el 2008 y el 2019, desaparecieron programas como el Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales (FOMMUR) y el de Apoyo a proyectos productivos de mujeres (FONAES) del Ramo 10 Economía y PROMUSAG del Ramo 15 Reforma Agraria (hoy Desarrollo Territorial y Urbano); se redujeron significativamente los recursos para el Ramo 12 Salud, que pasaron del 22.7% del monto total del Anexo 13 en el 2008 al 7.2% en el 2019. Donde hubo un aumento considerable fue en el Ramo 20 Desarrollo Social (ahora Bienestar) que pasó del 36.2 al 62.9%, con la inclusión del Programa de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, pero eliminó el programa de Estancias Infantiles, ahora es un subsidio para madres trabajadoras.
En los ejercicios presupuestales de la presente administración se eliminaron 23 programas; se disminuyeron recursos de 19 programas en el 2019 y de 5 en el 2020. Nos preocupa, que además, con el decreto de austeridad, se han suspendido los recursos para las Casas de las Mujeres Indígenas; eliminado o disminuido los subsidios para las alertas por violencia de género en 10 estados; y seguramente vienen otros recortes, sino es que ya, prácticamente todos los programas, están paralizados.
