El PROIGUALDAD se entendió así: no como “el plan del área de mujeres”, sino como la principal herramienta de política pública que fuera una brújula para alinear a todas las dependencias con metas, indicadores y rendición de cuentas.
El 15 de enero de 2026 se publicaron en el Diario Oficial reformas “en materia de igualdad sustantiva”. En papel suenan bien: igualdad, perspectiva de género, coordinación. En la práctica abren dudas serias: ¿fortalecen la política pública o la reacomodan, borrando lo anterior y cargando a una sola dependencia un problema multifactorial?
Un repaso mínimo ayuda. Desde los noventa y los dos mil, México fue armando una arquitectura: instituciones de igualdad, unidades de género, presupuestos etiquetados, sistemas de coordinación y, sobre todo, políticas con un enfoque transversal que obligara a todo el gobierno particularmente en lo que corresponde a las violencias contra las mujeres.
Hoy el giro preocupa por tres razones. Primera: el riesgo de “borrón administrativo”. Cuando se crea un nuevo instrumento y se cambia el marco sin un puente técnico, líneas base, indicadores comparables y continuidad de obligaciones, se facilita que cada sexenio reinicie y que lo acumulado se diluya. La desigualdad no se combate reinventando la rueda.
Segunda: la violencia contra las mujeres aparece cada vez más “encargada” a la Secretaría de las Mujeres. Que exista rectoría es necesario; que se convierta en sustitución es peligroso. La atención, prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres dependen de seguridad, fiscalías, poderes judiciales, salud, educación, trabajo, cuidados, territorio y presupuesto. Si esas áreas no quedan con compromisos verificables y recursos, la coordinación queda en simulación.
Tercera: el estatus programático. El Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030, o lo que parece serlo, se publicó el 25 de noviembre de 2025 y con una ambigüedad preocupante: alude a PROIGUALDAD, pero no queda claro qué se conserva y qué se sustituye. Si igualdad se lee como “programa sectorial”, se debilita la palanca para exigir a cada dependencia su parte; la transversalidad se vuelve discurso.
Y esto importa porque México no sólo se compromete consigo mismo. Ha asumido obligaciones internacionales en derechos humanos: CEDAW, Belém do Pará y la Agenda 2030, marcos que exigen debida diligencia, prevención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición. Eso no se cumple con un decreto bien intencionado, sino con políticas públicas completas, presupuesto, datos, coordinación obligatoria y evaluación independiente.
Por eso la pregunta es si tiene mecanismos para obligar al Estado a tomar acción. Un rediseño serio debería reconocer explícitamente la continuidad de lo anterior, incluida una evaluación de lo que se hizo y dejó de hacer; preservar líneas base; traducir la interinstitucionalidad en responsabilidades por dependencia, con metas, plazos y presupuesto; publicar un mecanismo público de seguimiento y evaluación; evitar que la Alerta de Violencia de Género se vuelva un trámite centralizado sin capacidad real en estados y municipios.
La igualdad sustantiva no se construye con buenas intenciones ni con cambios de nombre: se construye con políticas públicas, recursos, instituciones que rindan cuentas y, sobre todo, con la voluntad política que tendría que acreditar, sin ambigüedades, la primera presidenta. Si las reformas no aseguran continuidad, corresponsabilidad y dientes institucionales, el riesgo es terminar con más retórica y menos Estado para las mujeres.
