Comenzaron los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial y con ellos la exposición de posicionamientos, puntos de vista sobre la iniciativa y opiniones técnicas y políticas. Algunos legisladores plantearon cuestiones irreductibles de la reforma como la elección de jueces, magistrados y ministros. Otros señalaron el desastre que supondría llevarla a cabo y otros más aprovecharon para comenzar su campaña o mostrar su intención para ocupar algún cargo.

Como en los programas de televisión matutina, en los Diálogos se ha improvisado y manipulado el orden de intervenciones, la participación de perfiles y la dinámica del ejercicio. Un aspecto rescatable de estos foros son las intervenciones que ofrecen una visión crítica, analítica y propositiva, así como aquellas intervenciones que buscan informar y aportar insumos para enriquecer la reforma. A continuación una síntesis de los aspectos clave para la discusión de la reforma a los 33 Poderes Judiciales del país.

En las intervenciones se ha generalizado el funcionamiento del Poder Judicial como si se tratase de un poder único conformado por jueces y magistrados. Sin embargo, no es así. El Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales locales son distintos. Aunque el enemigo público del oficialismo es el Poder Judicial de la Federación, la justicia local se ocupa de la mayor parte de los asuntos del país y es en donde está el mayor reto de acceso a la justicia. Se basa mayoritariamente en leyes estatales y reglamentos locales. Los jueces locales aplican las normas específicas de cada entidad federativa. Además, cada estado tiene su propio sistema: un tribunal superior, un consejo de la judicatura o similar y tribunales de primera instancia y especializados. El nivel de capacitación, profesionalismo y actuación de los jueces y magistrados federales de carrera judicial es un ejemplo a seguir para la mayor parte de la justicia local.

Legisladores oficialistas plantearon como irreductibles o el corazón de la reforma -para no decir que serán intransigentes- elementos de la reforma presidencial: 1) la elección de todas las personas juzgadoras, tanto a nivel local como federal; 2) la separación de la presidencia de la Suprema Corte y los tribunales superiores estatales de los consejos de la judicatura; 3) la creación de tribunales disciplinarios que podrán sancionar -presionar y perseguir- a las personas juzgadoras. En diversas participaciones de legisladores, jueces, abogados y analistas se dieron por un hecho inevitable estas reformas, pero ¿cuáles fueron las propuestas y planteamientos más interesantes?

La elección de los juzgadores debe realizarse con gradualidad conforme las plazas requieran su renovación. Los jueces y magistrados requieren de capacitación y un relevo paulatino, de lo contrario se corre el riesgo de paralizar el sistema de justicia en todo el país. Se mencionó la necesidad de observar casos internacionales, criterios de idoneidad y que el voto no sea para la elección sino para un refrendo. Las cifras también arrojan un déficit de juzgadores en el país, así como insuficientes recursos presupuestales. En este caso, se mencionó la necesidad de establecer un mínimo de recursos a los poderes judiciales, al mismo tiempo que se hace cumplir el principio de austeridad.

La elección por voto popular es una poderosa herramienta de legitimación y de acuerdo con la iniciativa de reforma, de combate a la corrupción. Entonces, por qué limitarla al Poder Judicial si se podrían elegir por voto popular a gabinetes de gobernadores, presidentes municipales y Presidencia de la República, fiscalías y ministerios públicos.

Sobre las implicaciones y consecuencias de la reforma surgieron cuestionamientos importantes que se habrán de atender: ¿cómo evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones o la captura de los jueces por partidos políticos? ¿Cómo evitar que los jueces reciban financiamiento de grandes corporaciones y empresas multinacionales que los comprometan con sus intereses? ¿Cómo hacer compatible el conocimiento, la experiencia, la capacitación y el mérito con la elección por voto? ¿Qué pasará con el personal de los Poderes Judiciales, tanto administrativo como jurisdiccional? ¿Cómo se van a regular las campañas? ¿Qué podrán proponer los candidatos: sentencias a modo, internet en los juzgados, difusión de casos?

Habrá que seguir de cerca los siguientes Diálogos y los trabajos que realice el Congreso de la Unión, particularmente la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta reforma reconfigurará al país de forma más profunda que cualquier otra modificación realizada en los últimos treinta años.