En México existe la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y tiene como objetivo establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades. El tema es importante y trascendental para que los más de 126 millones de mexicanos enfrentemos los retos que habrá que sortear durante 2025 bajo la conducción de la administración en curso y de la mano gobierno y ciudadanos. La inflación continúa rumbo a la meta de Banxico del 3.0%, pero es muy probable que no se alcance del todo, e incluso observe cierta presión para la segunda mitad del año siguiente, ante amenazas de aranceles, un peso más depreciado y una resiliencia en el consumo por la continuidad de los programas sociales, remesas internacionales y aumentos importantes en el salario mínimo. 

Los cambios constitucionales domésticos en curso y la incertidumbre en torno a la política comercial de EE.UU. bajo un segundo mandato de Trump, junto con la próxima revisión del USMCA en 2026, son desafíos que podrían debilitar la confianza inversionista y aumentar la volatilidad de los activos financieros mexicanos, al menos a corto plazo. Sin embargo, la fuerte integración de México en las cadenas de suministro norteamericanas ofrece razones para el optimismo a mediano plazo. Esperamos que México y EE. UU. acaben desarrollando una relación de cooperación.

México, a pesar de ser un país con gran potencial económico y de haber logrado en las últimas décadas una “estabilidad macroeconómica” con niveles relativamente bajos de inflación, así como un incremento en la apertura comercial internacional, enfrenta un porvenir incierto debido a una serie de factores tanto globales como domésticos, que generarán cambios en el comercio exterior. Entre los factores domésticos se encuentran impedimentos estructurales derivados de reformas incompletas o mal implementadas, retos en el mercado de productos y bienes, el desarrollo de las instituciones del Estado de derecho, así como la asignación de recursos y la coordinación de políticas públicas entre los tres niveles de gobierno y entre el sector público y privado.

Ante esta realidad insoslayable en nuestra patria, hace falta una verdadera Participación Ciudadana, este par de palabras, que más parece palabra compuesta (porque casi nunca van separadas), las escuchamos en muchos discursos, especialmente en tiempos electorales, sabemos que existe, pero ¿en realidad sabemos qué significan? Desde mi personal punto de vista, creo es la forma en que todos los mexicanos responsables debemos de involucrarnos en los que suceda en nuestro gran país. En palabras más sencillas, durante 2025 los mexicanos debemos involucrarnos en la vida política nacional, participar libremente en los procesos que realizan las autoridades en los distintos niveles de gobierno; puede ser en los proyectos que ejecutan, en el manejo de los fondos públicos o en la lucha contra la impunidad y corrupción. Un tema pendiente pues en el fortalecimiento de la confianza y democracia mexicana.