El regreso de Rafael Marín Mollinedo -paisano e incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador- al frente del sistema nacional de aduanas parece haber abortado una estrategia diseñada desde la campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum para limpiar de corrupción a ese sector, cuyos ingresos anuales superan la apetecible cifra de 800 mil millones de pesos, a lo que se suma la gestión de fideicomisos con más de 90 mil millones de pesos.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, el proyecto de la doctora Sheinbaum tenía confirmada una corrupción sistémica en las aduanas con todo tipo de contrabando: armas, drogas, combustible, mercaderías evasoras del fisco… El proyecto calculaba que un saneamiento del sector aportaría hasta 200 mil millones de pesos adicionales al sediento erario nacional.

Según las mismas fuentes, se había encomendado al secretario federal de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinar un relevo a fin de reencauzar el trabajo en las aduanas, para lo cual incluso se comenzó a preparar un equipo configurado por operadores de diversas dependencias, entre los que destacaría Omar Reyes Colmenares, un cercano colaborador del funcionario policial. El proceso fue abortado con un giro abrupto cuyo origen fue ubicado de inmediato en una finca en Palenque, Chiapas.

La encomienda a Marín Mollinedo, político y economista, significa igualmente el fracaso de la gestión militar de las 50 oficinas aduanales en el país, iniciada en julio de 2022 al crearse la Agencia Nacional de Aduanas de México, con asignaciones tanto a la Defensa como a la Marina, y cuyo último titular fue el general de división André Georges Foulllon Van Lussum.

Pariente directo de Nicolás Mollinedo Bastar, alguna vez chofer de López Obrador, pero bajo imputaciones no confirmadas de haber sido canal para entregar aportaciones ilegales a las campañas presidenciales del tabasqueño, Marín Mollinedo ya estuvo a cargo del sistema de aduanas por escasos seis meses, entre diciembre de 2022 y junio de 2023, cuando fue no solo removido sino sacado del país con un apresurado encargo como representante permanente ante la Organización Mundial del Comercio “para fortalecer relaciones con los países europeos”, según declaró en su momento López Obrador. Permaneció en esa singular tarea hasta el pasado diciembre de 2024.

Antes de ello, en marzo de 2023, en plena gestión de Marín Mollinedo, estalló un escándalo por presuntas irregularidades en una multimillonaria compra por 612 millones de dólares -11,500 millones de pesos- coordinada por la Secretaría de la Defensa, entonces bajo el mando del general secretario Luis Crescencio Sandoval, de equipos de Rayos X para monitorear en forma no intrusiva el contenido de vehículos en 21 aduanas terrestres.

La licitación internacional bajo tratados internacionales (LA-007000999-E1040-2022) enfrentó incluso judicialmente a las representaciones en México de dos gigantes tecnológicos, uno de origen norteamericano -comandado aquí por una familia ligada al boxeo internacional- y uno chino.

De acuerdo con los últimos registros disponibles, la asignación se realizó en favor de la empresa norteamericana, la cual habría contado en su favor con gestiones del gobierno norteamericano, opuesto a la participación de una compañía china en este campo.

Las consultas realizadas por este espacio no pudieron determinar si los equipos presumiblemente adquiridos con erogaciones tan importantes fueron en realidad instalados. Reportes no confirmados aseguran que los mismos fueron puestos en marcha, pero que no resultaron funcionales y acabaron embodegados, condición que guardarían hasta la fecha.

El pasado 7 de enero, la presidenta Claudia Sheinabum declaró que había pendientes en el combate de corrupción de las aduanas, a pesar de los avances que, dijo, fueron logrados durante el gobierno López Obrador, entre ellos la Agencia Nacional de Aduanas. Indicó que han sido comprados muchos equipos que están por instalarse. Se ignora si se refería a los aludidos sistemas de Rayos X.