Tres buques de guerra clase Arleight Burke –equipados con lanzamisiles guiados—fueron desplegados a inicio de semana hacia el sur del Mar Caribe para tomar posiciones frente a las costas de Venezuela. El movimiento forma parte de una operación a gran escala que, en principio, sería para interceptar por mar y aire rutas del narcotráfico operadas por los cárteles entre los que están al menos dos organizaciones mexicanas. Los destructores son la escolta naval de una flota que conforman unidades expedicionarias de la marina estadounidense compuesta por buques de asalto anfibio con capacidad para helicópteros y aeronaves, buques de desembarco para el despliegue de lanchas rápidas, poco más de cuatro mil efectivos conformados por equipos de desembarco de unidades de infantería de marina, efectivos de combate aéreo, combate logístico y destacamentos de reconocimiento. 

Un análisis de inteligencia de acceso restringido elaborado por una consultora norteamericana con acceso a fuentes de Defensa en la administración Trump, señala que se trata de una fuerza expedicionaria “de espectro completo, capaz tanto de asaltos anfibios de alta intensidad como de incursiones de precisión”. Siguiendo la doctrina operativa del Cuerpo de Marines sería “improbable una presencia prolongada sin acción terrestre”. 

Las señales de una intervención alertaron a los servicios de inteligencia militar y naval mexicanos que conocen de la capacidad de la fuerza expedicionaria ya que uno de los tres buques desplegados, el USS Gravely, repostó a finales de abril pasado en el puerto de Veracruz después de realizar maniobras en el Golfo de México. 

El despliegue naval en la zona del Mar Caribe considerado como la tercera frontera de México que abarca la zona marítima de la península de Yucatán, su conexión con Cuba, y las rutas navales hacia las costas de Colombia y Venezuela, tiene connotaciones geopolíticas porque es una región utilizada por los cárteles para el transporte de droga desde estos países por aire y mar hacia las costas de Quintana Roo y la selva yucateca. 

El análisis señala que los riesgos “específicos” para México con las operaciones militares estadounidenses se centran en el registro de vuelos y/o envío de aeronaves y/o buques venezolanos o iraníes (principales socios del régimen de Nicolás Maduro), que utilizan instalaciones mexicanas como el AIFA o los puertos del Golfo. La información de inteligencia vincula a los cárteles con el régimen venezolano, específicamente en el tráfico de droga, combustible y armas. La inacción del gobierno mexicano contra las estructuras de protección política de los cárteles, ha generado un consenso entre analistas de que esto ha incrementado la posibilidad de operaciones unilaterales amparados en la doctrina antiterrorista. 

Entre las previsiones estratégicas se plantea un escenario base “con probabilidad del 60 por ciento”, donde las operaciones se centran en Venezuela, “mientras que México es objeto de vigilancia, pero no de ataques directos”. La relación de personajes de la clase política y del gobierno de México como “apoyo logístico” al régimen de Nicolas Maduro, podría tensar aún más las relaciones con Estados Unidos donde las presiones escalarían a otro nivel.