El gobierno estadounidense tiene ya toda la información de inteligencia necesaria para atacar a los cárteles de la droga en México. Desde hace meses y a lo largo del año, se ha planeado cómo atacarlos por tierra con información obtenida por aire y en terreno, sólo faltan las órdenes ejecutivas. Esta fue en resumen la versión que publicó a principios de semana la cadena de televisión NBC citando a dos fuentes de alto nivel del gobierno de Donald Trump.
La declaración tiene lógica después de lo que se ha visto durante este año en escenarios como Sinaloa, donde hay una serie de decomisos continuos de droga, desmantelamiento de laboratorios, aseguramiento de armamento y operaciones de búsqueda con capturas de nivel medio que reflejan el flujo de información que el equipo de Omar García Harfuch en la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las fuerzas especiales del Ejército y Marina han recibido de las agencias estadounidenses. Este nivel de interacción y despliegue no se ve en otros lugares como Michoacán, Guerrero, Jalisco o Tamaulipas, donde el proceso de empoderamiento criminal ha sacudido al gobierno de la República con asesinato de alcaldes, uso de drones y artefactos explosivos improvisados. En ninguno de estos dos escenarios se ha dado una detención de un líder de alto nivel.
Al iniciar la recta de fin de año hay un despliegue estadounidense de fuerza armada inusitado al sur del Mar Caribe, en un escenario de probable ataque aéreo en Venezuela. Al mismo tiempo la versión que se reprodujo en distintos medios sobre la posible intervención en México puntualizó que el gobierno estadounidense utilizaría, en caso de ser aprobado, drones para desmantelar laboratorios de droga y se atacaría a integrantes y jefes de las organizaciones criminales. Algunos de estos equipos aéreos requerirán “la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro”.
La clave de lo que se dijo está en que en caso de que Trump dé la orden, se movilizarían unidades pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono. Bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense y regulados con “el estatus de Título 50”, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del contexto militar tradicional, México sería un escenario de operaciones clandestinas contra los cárteles y líderes de la droga.
La versión no abordó el espinoso apartado de los vínculos de un sector de la clase política con el narco, que han financiado campañas, partidos y gremios. El dicho de Trump el jueves 23 de octubre de que en México “gobiernan los carteles” adquiere verosimilitud con lo sucedido el sábado 1 de noviembre en Uruapan, cuando un pistolero Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinó en plena plaza pública al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien en vida clamó por apoyo para hacer frente a éste grupo y sus milicias paramilitares.
La compatibilidad operativa, la capacidad de operaciones terrestres y la colaboración en seguridad fronteriza que se tiene como “líneas de esfuerzo” entre las fuerzas armadas mexicanas y el Comando Norte, nada tiene que ver con las operaciones encubiertas. Eso ya es otro nivel.