Los campos del horror donde han aparecido cientos de restos humanos, ropa y pertenencias de personas desaparecidas y en algunos casos hornos crematorios clandestinos, tienen algo en común en todo México. En los últimos años de la Bartolina en Tamaulipas, pasando por La Gallera en Veracruz, Patrocinio en Coahuila, El Willy en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, y en estos días La Estanzuela en Teuchitlán, Jalisco, las fiscalías locales actúan de la misma manera: hacen caso omiso de las alertas de los colectivos de Madres Buscadoras que denuncian hallazgos de restos humanos en estos lugares, y en ocasiones van contra ellas con amenazas a su integridad.

La forma como actúan parece tomada de un manual que fue redactado en cada omisión y denuncia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando las fosas clandestinas se multiplicaron por todo el país. En ese gobierno crecieron de forma desmedida los casos de desaparición forzada y quedó anulada la labor de búsqueda con la reducción presupuestal y el bloqueo político de la Comisión Nacional de Búsqueda. La vigencia del sistema de complicidades por omisión con el crimen organizado de peritos, agentes ministeriales y los responsables de fiscalías y de la FGR, le reventó en el rostro al gobierno de Claudia Sheinbaum con las imágenes que le han dado la vuelta al mundo donde se compara el hallazgo de los cientos de pares de zapatos, mochilas, restos humanos y los hornos crematorios del rancho La Estanzuela con lo ocurrido en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. 

La prioridad del gobierno ha sido manipular las cifras de desapariciones forzadas tras el abandono presupuestal que garantizaba la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Delegar en las fiscalías locales el trabajo de búsqueda de desaparecidos, resultó contraproducente pese a que en el caso de Jalisco, por ejemplo, los reportes de inteligencia militar alertaron desde mediados del sexenio pasado que la fiscalía estatal estaba infiltrada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su labor era obsoleta en trabajos periciales que requerían recursos y personal capacitado. 

Un documento militar encontrado entre los archivos de Guacamaya Leaks, analiza los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, tiene un apartado sobre fosas clandestinas halladas en los municipios conurbados a Guadalajara como Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y en otros cercanos como Teuchitlán, donde el CJNG tenía este rancho donde adiestraba a jóvenes que reclutaban a la fuerza con falsas ofertas de empleo. 

La desconfianza a jefes de grupo, agentes y comandantes de la fiscalía era absoluta en cada acción conjunta que realizaban el Ejército y la Marina contra alguna de las células de esta organización. Entre la problemática interna que se detectó estaba que los agentes no investigaban por logística en traslados, abandonaban casos como reconoció el fiscal estatal en el caso del predio que no revisaron y donde fueron hallados los restos humanos y cientos de zapatos. Su base de datos no estaba actualizada y la tecnología para geolocalización de líderes criminales extrañamente no era funcional; sin personal capacitado para análisis de redes de vínculos, la impunidad del CJNG estaba garantizada.