Omar Plancarte Hernández sabía que estaba en la mira de los grupos criminales asentados en Michoacán, desde que dos de sus hijos fueron raptados por hombres armados en su domicilio de Guadalajara en febrero del 2012. Desde entonces comenzó una búsqueda que lo llevó en los últimos nueve años a enfrentar la corrupción e impunidad enquistado en el sistema de procuración de justicia del país.

Este empresario aguacatero oriundo de Uruapan, es el tercero de una dinastía de agricultores que durante décadas trabajaron aquellas tierras para darle fama de producir el mejor aguacate de exportación. Con la alternancia en el poder político del país en el año 2000, vino la descomposición social que transformó ésta y otras zonas de Michoacán en territorios bajo control criminal. Uno de sus familiares fue secuestrado, otros han sufrido amenazas, algunos han sido obligados a pagar cuantiosas extorsiones para sobrellevar sus empresas. Fue una medida que se generalizó con productores agrícolas, ganaderos y empresarios en gran parte del estado y que se ha exacerbado.

Utilizó sus propios recursos para intentar dar con el paradero de sus hijos, pegó carteles, repartió volantes, y obtuvo información que lo llevó a la sierra de Yahualica, la zona de Jalisco que colinda con Zacatecas, donde dio con “campos de concentración” de jóvenes usados como esclavos en narcolaboratorios.

Omar enfrentó al crimen en distintos frentes, como en la extinta PGR, donde una ministerio público federal de nombre Guadalupe Hernánez, hoy prófuga de la justicia, era informante a sueldo de testaferros del grupo criminal autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización cuyos líderes en Guadalajara estarían detrás de la desaparición de Omar y Miguel.

En el calvario que vivió palpó la podredumbre de las fiscalías locales, donde nadie mueve un documento sino hay “incentivos”. Conoció la desidia de mandos militares, como el comandante de la quinta región militar de aquella época, que de manera inusual retrasó el envío de tropas a la zona de Yahualica para corroborar la presencia de jóvenes a los que hombres armados retenían contra su voluntad en barracas obligándolos a trabajar en esos laboratorios.

Omar Plancarte Hernández nunca bajó la guardia en la búsqueda de sus hijos que siguen desaparecidos. Estaba amenazado y tenía escolta de la Fiscalìa General de la República. Hace poco había aceptado contender por la presidencia municipal de Uruapan por el Partido Verde e iba arriba en las encuestas.

A principio de esta semana tomó un descanso en su casa y les dio el día libre a sus guardaespaldas. Un grupo armado se lo llevó el martes 25 de mayo sin que se conozca su paradero. En las primeras horas que son cruciales, el gobierno federal y el estatal se “aventaban la bolita” sobre quién debería encabezar las investigaciones. La historia de Omar como reflejo del país, donde el crimen campea y se impone en las campañas electorales.