*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
Arranca el año y con él nuevas oportunidades para superar viejos retos. El crecimiento económico de un país, estado o municipio está ligado a la inversión pública. Por mucho que se implementen políticas de austeridad, reconfiguración de la administración o un manejo aceptable de los recursos públicos, sin inversión no se detona el crecimiento. En seis años (2015 – 2020) solo el 4.9% del total de recursos estatales ejercidos se destinó a ese rubro.
Esto quiere decir que los estados gastaron más dinero en pagar su deuda que en obra pública y casi 5 veces más en pagar salarios y prestaciones. Algo se hace mal si se destinan más recursos en pagar la deuda que lo que se asigna a inversión de forma sistemática. De acuerdo con la Constitución federal, la contratación de deuda pública debe tener como propósito fines productivos o de inversión. Entonces ¿por qué se paga más deuda que lo que se invierte? La respuesta no es única, además del incremento en el gasto burocrático, los estados no invierten porque esperan que el gobierno federal lo haga.
La dependencia de los estados de los recursos federales no solo se limita a las participaciones y aportaciones (en promedio representan el 80% de sus ingresos), también están a merced de los recursos destinados a la obra pública por parte de la federación. Por ejemplo, en 2020 solo el 20% del gasto en obra pública estatal provino de los estados, el restante 80% fue cubierto con recursos federales.
En el reporte Hablemos de Inversión Pública en los Estados, se reporta que 19 poderes ejecutivos estatales redujeron sus montos en obra pública de un año a otro. Además, existen grandes asimetrías en dónde se invierte. Mientras que el Estado de México, la CDMX y Jalisco concentran alrededor del 50% de la inversión pública estatal, las otras 29 entidades federativas contienden por la otra mitad.
Otro factor que en México ha guiado, para bien o para mal, el destino de la inversión pública es la industria de los hidrocarburos. El 63.4% de los recursos federales destinados a obra pública en 2020 fue para hidrocarburos, el 11.7% a electricidad, el 10.4% a defensa, el 6% a carreteras y solo el 3.5% a ferrocarriles.
La asimetría es clara, Campeche fue la entidad en la que se ejercieron más recursos en obra pública por habitante (166 mil 137 pesos) seguida por Tabasco (31 mil 855 pesos), mientras que los estados que menos recursos ejercieron en inversión estatal y federal por habitante son Puebla, Michoacán y Morelos, que no llegan a los mil pesos por persona (405, 474 y 753 pesos respectivamente).
La inversión pública requiere transitar de un modelo centrado en hidrocarburos a uno que fomente la manufactura e infraestructura de los centros de población. Difícilmente el desarrollo de un país se logra de “arriba hacia abajo”, del gobierno federal a los gobiernos subnacionales. Por el contrario, el crecimiento en los estados y municipios, a través de inversión social y urbana, construiría “de abajo hacia arriba” una base sólida para mejorar el bienestar de las personas.
