Cuando la excepción devora al Estado de derecho
En el centro del debate se encuentra la figura de los llamados jueces sin rostro, contemplada ya en la reforma constitucional, pero cuya aplicación depende ahora de la legislación secundaria.
Magistrada en retiro.
La discusión que hoy tiene lugar en el Senado de la República respecto a la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales no es un asunto secundario ni un ajuste técnico propio de la implementación de la reciente reforma judicial.
Es una decisión política de alto calibre que compromete directamente el sentido y la viabilidad del Estado de Derecho en México. Y, sobre todo, es un momento de definición: de qué tipo de justicia queremos y de qué tipo de país estamos construyendo.
Que algo sea constitucionalmente posible no lo hace democrático, ni convencionalmente aceptable, ni éticamente justificable. La Constitución establece el marco, pero la legislación determina el alcance, la forma y la intensidad de lo que ese marco permite. La pregunta, por lo tanto, no es si constitucionalmente es posible implementar esta figura, sino si un país comprometido, al menos en el papel, con los derechos humanos, la transparencia y la justicia abierta, debe dar un paso más hacia un modelo de justicia que opere en la oscuridad.
La previsión constitucional de los jueces sin rostro no obliga al legislador a desarrollarlos en términos expansivos ni a normalizarlos como parte del sistema penal. La legislación secundaria podría modular su alcance, acotarlo rigurosamente o incluso abstenerse de operativizarlo, amparándose en los principios constitucionales que exigen la interpretación más favorable a las personas y en el deber internacional de garantizar un juicio justo. La implementación no es fatalidad: es elección. Y es precisamente por ese carácter electivo que el debate adquiere una dimensión política ineludible. Implementar una justicia anónima en un contexto donde ya existen alertas sobre la erosión de los contrapesos constitucionales, la concentración de poder y el debilitamiento de la independencia judicial, convierte esta reforma en una pieza más que alimenta un patrón inquietante.
Si la reforma judicial que hoy rige se presentó como un ejercicio de “democratización” de la justicia, es indispensable subrayar la profunda contradicción que atraviesa el modelo. Por un lado, se impuso la elección popular de juezas y jueces, bajo el argumento de acercar la justicia a la gente, transparentar los procesos de selección, generar legitimidad democrática y exponer a quienes aspiran a juzgar al escrutinio público. La narrativa fue clara: la justicia debía tener rostro, nombre, identidad visible, campaña, biografía y cercanía con la ciudadanía. Pero al mismo tiempo, en un agregado desconcertante, se propone que quienes tomarán decisiones en materia penal —las más invasivas, las que pueden afectar bienes tan preciados como la libertad personal— permanezcan ocultos. La justicia, que se suponía debía abrirse a la sociedad, se cierra justo en el momento en que ejerce su forma más intensa de autoridad. Se exige rostro para pedir el voto, pero anonimato para imponer el castigo. Esa no es una paradoja accidental; es una funcionalidad profundamente política.
El derecho internacional de los derechos humanos ya resolvió este tema hace más de dos décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos paradigmáticos como Castillo Petruzzi, Cantoral Benavides y Loayza Tamayo -los tres contra Perú-, estableció con absoluta claridad que los tribunales con jueces anónimos son incompatibles con el derecho a un juicio justo. La razón es directa y sólida: el anonimato impide verificar la competencia, independencia e imparcialidad del tribunal; anula la posibilidad de conocer y cuestionar posibles conflictos de interés; distorsiona el principio del juez natural; y destruye la publicidad del proceso penal, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. La Corte Interamericana no dejó resquicios. No se trató de una condena a un modelo autoritario pasado, sino de la formulación de un estándar permanente para los Estados parte. En ningún momento ese tribunal ha flexibilizado esta prohibición. El anonimato judicial no tiene cabida en un régimen de derechos humanos.
Adoptar hoy en México un modelo que ya fue declarado violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede presentarse como desconocimiento técnico ni como un exceso interpretativo. Es una decisión deliberada que ignora la jurisprudencia vinculante del tribunal regional. Y esa ignorancia no es inocua: coloca al Estado mexicano en riesgo cierto de responsabilidad internacional. Invocar razones de seguridad para justificar la opacidad tampoco supera el escrutinio jurídico. La seguridad de quienes juzgan es una obligación indiscutible del Estado, y el derecho internacional lo reconoce explícitamente. Pero esa obligación debe cumplirse con medidas de protección reales, institucionales y proporcionales, no con mecanismos que debilitan estructuralmente el debido proceso. Blindajes físicos, escoltas, infraestructura adecuada, protocolos de riesgo y fortalecimiento institucional son estrategias válidas. La justicia secreta no lo es. Un juez sin rostro no es un juez más seguro; es un juez menos independiente, porque su anonimato lo vuelve más susceptible a presiones invisibles, jerárquicas o políticas, y lo separa del escrutinio público que debería acompañar toda función jurisdiccional. La opacidad nunca ha sido una herramienta de protección; siempre ha sido una herramienta de control.
Y es precisamente ese punto —la relación entre opacidad y control— lo que revela la dimensión política de fondo. Desde la entrada en vigor de la reforma judicial, México ha transitado por una serie de decisiones que, analizadas de manera aislada, podrían parecer ajustes técnicos, pero que en conjunto dibujan un patrón preocupante: debilitamiento de la carrera judicial, eliminación del sistema profesional de mérito, personas juzgadoras alineadas con el régimen político, concentración de facultades en órganos recién creados sin contrapesos suficientes, supresión o debilitamiento de organismos autónomos, restricciones crecientes al acceso al amparo, propuestas de jueces sin rostro y un discurso oficial que descalifica sistemáticamente a la judicatura previa. La deriva autoritaria de un país no se anuncia con un sólo acto; se construye paso a paso, por acumulación, por desgaste, por normalización de prácticas que antes se consideraban impensables. Y uno de los signos más claros de esa deriva es el avance de la justicia opaca. Cuando la justicia deja de ser visible, deja de ser democrática.
En este contexto, insistir en la implementación de jueces sin rostro no puede leerse sino como una decisión política que profundiza ese patrón. No se trata únicamente de incumplir estándares interamericanos, sino de debilitar la arquitectura constitucional de control público sobre el ejercicio del poder penal. Las decisiones judiciales que afectan la libertad personal deben ser adoptadas con el mayor grado de transparencia posible, precisamente porque el castigo penal es la forma más intensa de ejercicio del poder estatal sobre un individuo. El anonimato rompe ese principio esencial.
Más aún: la implementación de jueces sin rostro coloca al país en un escenario donde la ciudadanía podría ver cada vez más decisiones penales adoptadas por autoridades que no están obligadas a rendir cuentas públicamente, que no pueden ser identificadas, que no pueden ser cuestionadas por eventuales conflictos de interés, y que operan bajo la lógica de que la excepcionalidad se ha convertido en regla. Un país donde la justicia se esconde es un país donde el poder ya no se siente obligado a justificarse.
La Constitución mexicana no obliga al Senado a cruzar esta línea. La propia reforma constitucional, aunque prevé la figura, no exige que se desarrolle de manera expansiva ni automática. El legislador tiene, hoy, la capacidad jurídica y política de contenerla, limitarla estrictamente o incluso abstenerse de implementarla. El principio pro persona, la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana no sólo permiten esa decisión; la exigen. El Senado está ante una frontera histórica. La responsabilidad consiste en no convertir un retroceso reversible en un daño permanente.
Al revisar la experiencia latinoamericana de las últimas décadas, el patrón es claro. Los jueces sin rostro surgieron en contextos de emergencia, militarización o autoritarismo, donde la supuesta urgencia de seguridad “justificaba” la suspensión de garantías. Su balance histórico fue devastador: procesos plagados de violaciones, condenas basadas en evidencia poco confiable, ausencia de control ciudadano y un deterioro profundo de la legitimidad de las instituciones. Esa historia no es ajena a México; es un espejo que muestra exactamente lo que no debemos repetir.
Lo que está en juego no es únicamente el diseño procesal penal, sino la dirección política que tomará el país. La pregunta relevante no es si los jueces sin rostro son constitucionalmente posibles, sino qué tipo de pacto democrático queremos sostener: uno basado en la transparencia y la rendición de cuentas, o uno que cede progresivamente ante la tentación del poder sin escrutinio. La transparencia no es un lujo institucional; es el fundamento del control democrático. Y la justicia, que es la expresión más solemne del poder estatal, debe operar siempre ante la luz pública.
Todavía es posible no dar ese paso. Todavía es posible evitar que una previsión constitucional se convierta en un instrumento de opacidad permanente. Todavía es posible frenar una normalización que erosionaría la legitimidad del sistema penal y la confianza ciudadana en las instituciones. El Senado puede, con un sólo acto legislativo, impedir que México retroceda hacia un modelo que ya fue condenado por la historia y por el derecho internacional.
Pero si decide avanzar, debe asumirlo sin rodeos: será una decisión política plenamente consciente, no una obligación jurídica. Una decisión que transformará la forma de impartir justicia y que marcará un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía y Estado. Y, sobre todo, una decisión que revelará una verdad que muchos prefieren no enunciar: cuando el Estado empieza a ocultar el rostro de quienes juzgan, no es para protegerlos. Es porque el poder ya no se atreve a mostrar el suyo.
