Las lluvias torrenciales que azotaron recientemente Veracruz, Puebla e Hidalgo dejaron más de 100 mil viviendas afectadas, 165 comunidades incomunicadas y decenas de escuelas, centros de salud y caminos destruidos.
Lo que se desbordó no fueron solo los ríos, sino los límites de una planeación territorial que una vez más fue rebasada por la realidad. Cada tormenta repite la misma historia: reaccionamos, reconstruimos y volvemos a empezar, sin enfrentar las causas de fondo que hacen que los daños se multipliquen.
México pierde cada año más de 100 mil millones de pesos por desastres naturales, según la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la inversión en prevención es casi simbólica. El Banco Mundial calcula que cada peso destinado a mitigación puede ahorrar entre cuatro y quince en reconstrucción, pero seguimos gastando después y no antes. La prevención no debería depender de emergencias ni de presupuestos extraordinarios; es parte esencial del desarrollo y de la justicia social.
La geografía del centro-oriente del país explica parte de lo ocurrido. Las sierras que enlazan Hidalgo, Puebla y Veracruz forman un sistema de laderas abruptas y cuencas de respuesta rápida. Son territorios tan fértiles como frágiles. La pérdida de cobertura vegetal, la expansión agrícola sin control y la urbanización irregular alteran su equilibrio natural. Cuando el suelo deja de absorber, convierte la lluvia en torrente: el agua que antes nutría ahora arrasa. No es la montaña la que falla, sino la forma en que la hemos ocupado. Asentamientos en cauces, monocultivos en laderas y drenajes insuficientes no son obra del clima, sino del descuido humano.
Por eso, la planeación debe responder a la lógica de las cuencas y no a las fronteras políticas. Lo que ocurre aguas arriba repercute aguas abajo. Si un municipio deforesta o canaliza mal un arroyo, el siguiente termina inundado. México necesita comisiones intermunicipales de cuenca que coordinen a gobiernos locales, estados y comunidades para manejar el territorio de forma conjunta: restaurar suelos, regular la expansión urbana y planear infraestructura hidráulica desde una misma escala. Pensar por cuencas no es un tecnicismo: es entender cómo se comporta el agua y cómo deberíamos convivir con ella.
Otra parte del problema está en dónde se construye la infraestructura pública. Muchas escuelas, hospitales o centros comunitarios se levantan en terrenos donados por los propios municipios: parcelas marginales, sin servicios o en zonas de riesgo. Los suelos de mejor calidad se reservan para proyectos privados. Así, la infraestructura social —la que debería proteger a la población— se ubica en los lugares más vulnerables. Cambiar esta práctica exige planear reservas de suelo y diseñar edificaciones adaptadas al territorio: en zonas inundables, elevarlas sobre plataformas; en laderas, anclarlas sobre roca firme; en todas, aprender de la arquitectura vernácula, que históricamente supo convivir con el clima. Construir con el entorno, no contra él, es una cuestión de sentido común.
El riesgo tampoco nace en las ciudades. Empieza en las montañas, donde los suelos se han erosionado por la sobreexplotación agrícola y la pérdida de vegetación. Cada hectárea deforestada reduce la capacidad del terreno para retener agua y acelera los flujos hacia las partes bajas. Recuperar la cobertura vegetal, conservar franjas forestales y regular la expansión agropecuaria no son temas ambientales aislados; son políticas de seguridad. Cuidar la tierra es cuidar el agua, y cuidar el agua es proteger la vida.
La prevención tampoco puede quedarse en los escritorios gubernamentales. Es una tarea social. Las comunidades conocen sus barrancas, sus cauces y los suelos que se desmoronan con la lluvia. Incorporar ese conocimiento local en los atlas de riesgo y en los planes de desarrollo urbano es tan importante como cualquier modelo técnico. La participación ciudadana no es una formalidad: es lo que vuelve viable la planeación. Prevenir significa también educar, involucrarse y vigilar cómo se ocupa el suelo.
Hay experiencias que demuestran que es posible hacerlo distinto. En Japón se aplican esquemas de gestión integrada de cuencas para reducir el riesgo de inundaciones urbanas. En China, las llamadas “ciudades esponja” permiten que el agua se infiltre mediante humedales, pavimentos permeables y cauces restaurados. En Indonesia, los sistemas de “desarrollo de bajo impacto” redujeron hasta 30 % la escorrentía con jardines de lluvia y pozos de infiltración. Todas parten de una misma idea: el agua no es un enemigo, sino un elemento que debe integrarse a la ciudad y a la planeación.
Las lluvias de Veracruz, Puebla e Hidalgo no fueron una excepción: fueron una advertencia. México necesita una nueva cultura territorial basada en la prevención, la gestión por cuencas, la correcta localización de su infraestructura y la participación de sus comunidades. Porque el agua no olvida: sigue su curso natural. Somos nosotros quienes, al ignorarlo, convertimos la lluvia en desastre. Escuchar al territorio —respetar sus pendientes, sus ríos y sus suelos— es el primer paso para construir un país que deje de vivir a la intemperie de su propia improvisación.
