La Universidad Nacional enfrenta una presión simultánea por resolver problemas que no son nuevos, pero sí más visibles y más exigentes para una comunidad que cambió más rápido que su estructura.
La buena noticia —poco explorada en el ruido político— es que el rector Gustavo Lomelí ha optado por asumir la complejidad sin el tono defensivo que tantas veces caracterizó a la institución. Reconocer esa apertura no implica negar los desafíos, sino admitir que la conducción académica necesita respaldo justamente cuando la universidad se juega su estabilidad y su autonomía.
En una conversación que sostuvimos hace unos días con Eloy Caloca e Imanol Ordorika, en el programa Blanco y Negro de Pepe Buendía expusimos la agenda pendiente de nuestra Máxima Casa de Estudios
Para mi, el tema más delicado sigue siendo la violencia de género. No hay diagnóstico que minimice la exigencia: la comunidad demanda procesos más rápidos, más transparentes y con consecuencias claras. Lomelí ha dicho que la universidad no puede seguir administrando el conflicto, sino resolverlo.
El segundo nudo es la seguridad interna. La presencia de narcomenudeo y grupos externos en algunos planteles no es un secreto ni un problema trivial. El debate no puede seguir oscilando entre dos extremos: la intervención policiaca que rompe la autonomía o la pasividad que normaliza la violencia. La rectoría ha enviado señales de que la coordinación con autoridades civiles debe fortalecerse sin entregar la gobernabilidad universitaria. Esa definición —que parece obvia— ha sido, en realidad, uno de los puntos más eludidos durante años.
Hay además una presión estructural que explica el desgaste cotidiano: la UNAM creció en matrícula, pero no al ritmo de su presupuesto ni de su infraestructura. Las facultades y escuelas operan al límite de su capacidad, con edificios que requieren mantenimiento profundo y con necesidades tecnológicas que se hicieron evidentes desde la pandemia. La masificación, por sí sola, no degrada la calidad; lo hace la falta de planeación para acompañar ese crecimiento. En esto, Lomelí tiene una oportunidad que no tuvieron rectores anteriores: plantear un proyecto de modernización que no gire en torno a la emergencia, sino a la sostenibilidad.
A todo lo anterior se suma un debate inevitable: la gobernanza interna. La discusión sobre los procesos de elección de autoridades universitarias no desaparecerá. La comunidad —sobre todo los estudiantes— exige mayor participación y transparencia. Es un tema incómodo, pero necesario. La rectoría puede convertirlo en un proceso ordenado, de evaluación seria y no de ruptura, si la iniciativa parte de la institución antes de que sea un punto más de la agenda política nacional.
La autonomía universitaria atraviesa todas estas discusiones. No como una bandera romántica, sino como un mecanismo que protege la libertad de investigación y enseñanza frente a los ciclos del poder. Aquí, la rectoría merece respaldo explícito. En un contexto político cargado y con actores que ven a la UNAM como territorio de disputa, Lomelí ha insistido en que la universidad debe ser factor de estabilidad, no de confrontación. Esa posición, tan sencilla en apariencia, es decisiva para evitar que la institución sea absorbida por la coyuntura.
La UNAM enfrenta problemas reales y acumulados, pero también tiene rectoría, diagnósticos y margen para corregir. La pregunta no es si el rector Gustavo Lomelí resolverá todo —ningún rector lo ha logrado— sino si podrá encauzar a la universidad hacia una modernización que preserve su función pública sin ceder a presiones externas ni a inercias internas.
Respaldar esa conducción no significa cerrar los ojos, sino entender que, hoy, la UNAM necesita una rectoría firme, una comunidad participativa y un país que deje de ver a su universidad como botín o como mito, y la entienda como lo que es: un espacio donde se juega buena parte del futuro académico, científico y civil de México.
