La doctrina Monroe fue formulada en 1823 bajo la consigna “América para los americanos” y presentada como un mecanismo de defensa frente al colonialismo europeo.
Revivir esta doctrina hoy es más que un error histórico, es una amenaza directa a la soberanía y a la dignidad de América Latina.
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Sin embargo, con el paso del tiempo, este principio se transformó en una herramienta de dominación política y económica estadounidense sobre América Latina. Hoy, bajo la interpretación y aplicación impulsada por Donald Trump, no solo resulta anacrónico, sino profundamente peligroso para el orden internacional y las garantías soberanas de la región.
Durante la administración Trump, la doctrina Monroe fue reivindicada de manera explícita por funcionarios de alto nivel como política vigente y no como vestigio histórico. El mensaje es claro: América Latina continúa siendo considerada el “patio trasero” de Washington. Cualquier gobierno que se salga del guion impuesto por los intereses estadounidenses es señalado como ilegítimo, autoritario o enemigo, independientemente de su origen electoral o de su respaldo popular interno.
Esta visión viola principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo, como los de no intervención, autodeterminación de los pueblos e igualdad soberana entre Estados, todos ellos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La doctrina, aplicada de esta forma, se convierte en una excusa para justificar sanciones unilaterales, bloqueos económicos, presiones diplomáticas y desestabilización política, sin aval de organismos multilaterales.
El caso de Venezuela es paradigmático. Bajo la lógica de la doctrina Monroe (versión Trump), Estados Unidos impuso un severo régimen de sanciones económicas que afectó tanto al Gobierno como a la población entera. El bloqueo financiero, la congelación de activos y la persecución de transacciones internacionales limitaron el acceso del país a alimentos, medicinas y recursos básicos. Todo esto se hizo “en nombre de la democracia”, aunque sus efectos reales profundizaron la crisis humanitaria.
Igualmente grave fue la detención arbitraria del presidente de la nación sudamericana y el reconocimiento selectivo de autoridades paralelas, una práctica que socava el principio de soberanía nacional y sienta el peligroso precedente, para cualquier país latinoamericano, de que si un gobierno no le es funcional a los intereses de Washington puede ser desconocido, presionado, reemplazado desde el exterior. Esto no es diplomacia, es intervencionismo moderno.
La aplicación contemporánea de la doctrina Monroe también fomenta la inestabilidad regional. Al castigar en lo económico a ciertos países y aislarlos internacionalmente, se generan flujos migratorios, tensiones sociales y conflictos políticos que luego son utilizados como argumento para justificar nuevas intervenciones. Es un círculo vicioso en el que Estados Unidos actúa como juez, parte y verdugo.
América Latina no requiere tutelajes ni doctrinas del siglo XIX recicladas con retórica moderna. Necesita respeto, cooperación y relaciones basadas en el derecho internacional, no en la imposición de poder. La experiencia venezolana demuestra que la doctrina Monroe, lejos de proteger la libertad, atropella derechos, debilita Estados y condena a pueblos enteros a pagar el precio de disputas geopolíticas ajenas.
