Las últimas cifras del INEGI nos presentan algunas realidades preocupantes, en particular el tema del hacinamiento y sus consecuencias. De los más de 11 millones de hogares con un solo dormitorio, cerca de la mitad son ocupados por 3 o más personas. Es decir, casi 5 millones de estas viviendas se encuentran en condiciones de hacinamiento y ello tiene efectos en la salud física y mental de más de 16 millones de mexicanas y mexicanos. Esto también se cumple para hogares que tienen 2 dormitorios y 5 o más habitantes, 3 dormitorios y 7 o más y así sucesivamente, con mayor presencia en zonas rurales.

De acuerdo con la OMS, la vivienda es uno de los factores que impacta más profundamente en la salud. Incluso, este organismo internacional declara que las malas condiciones en la vivienda, ya sea por falta de espacio, por baja calidad y durabilidad de los materiales de la construcción, o por falta de certeza en su tenencia, actúan como factores de desigualdad, social y ambiental, que se traducen en sanitaria. Esto se debe a que afecta la calidad de vida y el bienestar de las personas.

El hacinamiento, se conjuga con la pobreza y aumenta el riesgo de exposición a enfermedades que en el contexto COVID, dolorosamente se ha traducido en contagios y decesos. Por otra parte, implica insuficiencia de servicios a los que se tiene acceso, lo que influye en la higiene personal, la alimentación y el estado mental de cada individuo. Esto se relaciona también con la violencia física y sexual dentro y fuera del hogar. Para un país como México, con los números más altos de abuso infantil de la OCDE, el confinamiento incrementa el riesgo y vulnerabilidad para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Estudios de la CEPAL y de ONU Hábitat coinciden en que, en la región latinoamericana, también se ha generado déficit de vivienda adecuada debido al crecimiento no planificado de zonas urbanas. Los asentamientos humanos, irregulares, en las zonas circundantes a las ciudades que, casi sin acceso a servicios públicos, y algunas veces incluso establecidos en territorios con algún tipo de riesgo, impiden el ejercicio de los derechos fundamentales.

Cumplir con el 4° constitucional que involucra el derecho a una vivienda digna y decorosa, también toca el acceso a otros derechos como agua, alimentación, salud, así como el acceso a una vida sin violencia que son base del bienestar y proporcionan la estabilidad necesaria para vivir. De no plantearse políticas públicas conscientes del impacto transversal que tiene la vivienda en el desarrollo humano, la desigualdad continuará replicándose con efectos nocivos como el incremento de violencia que daña gravemente a los más vulnerables, en particular a niñas, niños, adolescentes y mujeres.