El derecho a la transparencia es imprescindible para el funcionamiento saludable de cualquier democracia moderna, pues fortalece la participación ciudadana, promueve la rendición de cuentas y reduce la opacidad y la corrupción en la gestión pública.
Coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano
Este derecho, en nuestro país, es el resultado de una exigencia de la sociedad civil que comenzó hace décadas, y se convirtió en un mecanismo con el que la ciudadanía puede garantizar que las acciones de los gobiernos, empresas y funcionarios públicos sean accesibles, comprensibles y verificables.
Hace unas semanas, la mayoría artificial de Morena aprobó la desaparición de varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano encargado de garantizar a los mexicanos el derecho a la transparencia y el acceso a la información.
Con esta reforma constitucional, el régimen traspasa las funciones y obligaciones del instituto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué significa esto? Que ahora el encargado de garantizar que el gobierno sea transparente es el mismo gobierno. De este modo, se convierte en juez y parte en la garantía del cumplimiento de este derecho.
Con la desaparición del INAI se desconoce el destino de 15 mil millones de documentos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. En esta base de datos existe información valiosa relacionada con casos de corrupción, como el “Toalla Gate”, la “Estafa Maestra”, la “Casa Gris”, así como múltiples contratos ilegales durante los últimos cuatro sexenios.
Entre la información que posee el INAI también se encuentra aquella pendiente por entregar, que ha sido reservada por periodos de un año o hasta diez años, y que aún no se conoce, pero que ya debería ser pública al vencer el plazo. Por todo esto, desde la sociedad civil se ha iniciado la “Operación Transparencia”, un esfuerzo ciudadano por defender un derecho que nos costó décadas conseguir.
La Operación Transparencia busca que esos 15 mil millones de documentos sean entregados a la sociedad civil, para que esta los publique en una plataforma accesible para todos. Es el derecho de todas y todos, nos ha costado y no vamos a permitir que se nos arrebate tan fácilmente. Por esto hemos decidido sumarnos y apoyar este esfuerzo de la ciudadanía. Desde esta diputación federal presentaremos un escrito al INAI acompañado de cientos de firmas de vecinos y vecinas que respaldan esta exigencia. Que les ayude a logra el objetivo de hacer de esos datos accesibles a la ciudadanía. Es nuestro derecho y no nos lo pueden arrebatar.
El poder de los ciudadanos debe estar en sus manos, y la información pública contra la corrupción en México debe estar en manos del pueblo. Por eso nos unimos a esta Operación Transparencia y exigimos que el INAI entregue esos 15 mil millones de documentos a las y los mexicanos, para que todos puedan acceder a ellos, sin importar si la finalidad de su uso es que alguna alumna los consulte para su tesis universitaria o si un periodista está investigando sobre contratos ilícitos. Estos datos le pertenecen a la ciudadanía, y el gobierno está obligado a hacerlos públicos.
Seguiremos saliendo a las calles durante la próxima semana para que más personas puedan sumarse con su firma a esta exigencia. El derecho a la transparencia y al acceso a la información es un derecho que nos costó años adquirir, y no vamos a permitir que nos lo arrebaten, como lo han hecho con muchos otros.
