El plazo para llevar a cabo la transición en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se aproxima. Además, el cambio coincide con un período de discusión presupuestaria y con el reto que supone la falta de recursos.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
La Reforma Judicial contempla ahorros derivados de la eliminación de Salas de la Suprema Corte, disminución de ministros, la cancelación de pensiones vitalicias y aplicación de medidas de austeridad en toda la judicatura federal.
Por ejemplo, ajustar los ingresos de los funcionarios judiciales a un tope constitucional, similar al que recibe la presidenta. Los cambios institucionales también incluyen gastos, como la creación de nuevos órganos y comisiones. A los nuevos integrantes del PJF les tocará enviar la propuesta de Presupuesto de Egresos 2026 contemplando recursos para lograr la implementación de la Reforma.
La transición del PJF no solo es un cambio de personas, sino de capacidades. Los datos muestran que, si el presupuesto 2026 repite los recortes de años recientes, la Reforma Judicial podría nacer con una crisis operativa: menos personal, más casos y tecnología obsoleta. Se genera el dilema: o se asignan recursos para cumplir con las nuevas responsabilidades o se profundiza la judicialización de conflictos en tribunales rebasados.
Hay dos opciones para el Presupuesto del PJF: un recorte similar al de este año, que ya tuvo implicaciones en su capacidad operativa y cancelación de proyectos de acceso a la justicia, o un aumento que al menos restablezca el presupuesto que tenía el PJF para asumir las nuevas responsabilidades. La decisión que se tome tendrá consecuencias determinantes para la transición. Por un lado, se redefinirán las relaciones entre los Poderes de la Unión y por otro, será un momento de inflexión para la impartición de justicia.
El recorte de recursos es una posibilidad real, no por decisión política, sino por limitaciones financieras. Entre 2015 y 2025 el presupuesto del PJF se ha reducido 17.3% en términos reales. La falta de presupuesto público podría continuar afectando no solo al PJF, sino a toda la estructura de la administración pública federal. El reflejo de esta escasez se ve en la contratación de deuda pública. Aunque la velocidad que llevaba el endeudamiento se logró frenar, de acuerdo con México Evalúa, el nivel de deuda pública equivale a que cada mexicano debe, en promedio, 133 mil pesos, es decir, 22 mil pesos más que en 2019. Este panorama en las finanzas públicas podría debilitar la autonomía presupuestal del Poder Judicial y ser usado como un mecanismo disciplinario, especialmente cuando están pendientes casos relevantes como el de prisión preventiva.
La capacidad técnica del Poder Judicial de la Federación representa su mayor fortaleza para una transición exitosa. Los profesionales especializados, sistemas y herramientas tecnológicas ayudarán a que el cambio sea matizado. No obstante, como todo gran cambio estructural no estará exento de incertidumbre, contradicciones y retrasos procesales. Las nuevas personas juzgadoras enfrentarán resistencias al cambio dentro de las propias instituciones. En este proceso de transición se debe cuidar no fomentar o generar una percepción de impunidad e inequidad.
La transformación y transición del Poder Judicial de la Federación comenzó desde la aprobación de la reforma y el primero de septiembre se consolidará. Como sucede en otros países, cada vez con mayor frecuencia los conflictos públicos terminan resolviéndose en tribunales, no en las urnas ni en el Congreso. México no será la excepción. Veremos decisiones públicas judicializadas que irán moldeando y dando contenido al proyecto de país. A nadie le conviene debilitar al nuevo Poder Judicial, el Gobierno no podría fortalecerse y si pudiese debilitar a la República.
