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Algo va a tener que hacer la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para detener la enorme fuga de empresas de seguridad que están saliendo del estado producto, al parecer, de un esquema extorsión institucional que presuntamente termina en la oficina del actual director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, Jaime Ongay Ortiz. Hasta ahora se cuentan a por lo menos unas 30 empresas de seguridad privada en el estado han denunciado ser víctimas de lo que parece una extorsión a la hora de hacer trámites en esa oficina y si no pagan lo solicitado se hacen clausuras inmediatas.
Que además, se retrasan infinitamente los trámites, se hacen auditorías injustificadas y el hostigamiento burocrático crece, bueno, se han llegado a perder expedientes completos y a perder permisos que se entregaron, si un trámite podía tardar 90 días puede llegar a seis meses sólo para aparecer en el escritorio de la oficina, no importa que la ley establezca plazos de entre uno y 90 días hábiles para resolver trámites, las demoras han llegado a ser de hasta un año y quienes acceden a pagar, aún sin la revisión de los documentos correspondientes, en cambio, reciben autorizaciones en cuestión de días. Se han buscado citas con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Julio César Gómez Torres, pero aunque ya sabe de este tema su decisión es mantener la oficina de Ongay Ortiz sin cambios.
En las últimas horas, el tema de los 55 capos mexicanos que el gobierno federal entregó este año a Estados Unidos ha dado mucho de qué hablar, y amaga con convertirse en una piedra en el zapato para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en el cierre de 2025. La causa es que senadores de la República siguen cuestionando que esos líderes de organizaciones criminales, hoy a la sombra en prisiones federales estadunidenses, fueron entregados al gobierno de Donald Trump sin mediar un proceso de extradición, y sin garantizarles sus derechos como la asistencia consular.
El morenista Saúl Monreal ya puso el dedo en la llaga al señalar que independientemente de las graves acusaciones que enfrentan esos capos, el gobierno no puede dejarlos a su suerte porque se trata de ciudadanos mexicanos, y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, indicó que se deben respetar sus garantías individuales. Así, pese al gélido frío de la temporada invernal, ese asunto pinta para subir de temperatura y superar la barrera de 2025, para extenderse hasta los primeros meses de 2026. Y más tomando en cuenta que EU y países amigos sospechan de los mexicanos, por sus presuntos vínculos con los malos.
En los pasillos de las secretarías de Hacienda y de Economía siguen haciendo números para la publicación del decreto del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APACIC). Nos cuentan que los equipos de Edgar Amador y de Marcelo Ebrard se están tomando muy en serio la instrucción de la presidenta Sheinbaum, suscrita en el Plan México, de defender el empleo y las industrias nacionales, por lo que se menciona como muy posible que quede fuera el arancel cero a la carne de res, lo que permitiría fortalecer a los productores de carne.
La situación que enfrenta la cadena de valor del ganado bovino en México requiere de que la autoridad actúe de manera estratégica. El sector y los empleos asociados están padeciendo cuellos de botella logísticos y pérdida de competitividad, debido a la plaga del gusano barrenador y a la sobrerregulación que dificulta la movilización del ganado, además de la supuesta competencia desleal de Brasil, que a últimas fechas ha estado inundando el mercado mexicano.
La multicitada Ley de Rentas Justas de la Ciudad de México llegó hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues con el texto mencionado el gobierno de Clara Brugada pretende resolver la crisis de vivienda que atraviesa la capital del país. Se sabe que la discusión de la ley ocurrirá tan pronto comience el 2026; el problema es que ese mismo año se espera la llegada de más de 5 millones de turistas que acudirán al Mundial de Futbol cuya inauguración tendrá lugar en el otrora Estadio Azteca.
El Inegi publicó nuevos Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con los que ajusta su normatividad interna al rediseño legal que siguió a la “simplificación orgánica” que extinguió al INAI y movió la tutela del derecho de acceso a la información hacia nuevas instancias: en el caso del Instituto, la “autoridad garante” será su Órgano Interno de Control, mientras la operación recae en una Unidad de Transparencia encabezada por la Dirección General de Administración y un Comité integrado por Asuntos Jurídicos y Operación Regional.
El documento abroga los lineamientos de 2021, fija reglas para publicar y validar información en la Plataforma Nacional, mantiene la lógica de reservas hasta por cinco años con posibilidad de ampliación, y ordena que el Comité emita su manual de funcionamiento en los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor (al día hábil siguiente de su publicación), en un movimiento que pone a prueba cuánto de la promesa de “máxima publicidad” sobrevive cuando el árbitro de la transparencia queda dentro de la propia estructura institucional.
