Análisisjueves, 6 de noviembre de 2025
A la sombra / Adán Augusto López
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En el Senado, Adán Augusto López volvió a mirar futbol europeo en plena sesión; lo grave no fue el descuido, sino el intento de encubrirlo: personal de resguardo —por instrucción de Comunicación Social, según testimonios— trató de impedir las fotos y restringió a la prensa, que ya denuncia trabas desde hace tres meses. Es la tercera vez y ahora con operativo para tapar el sol con un dedo. Si el recinto que debe rendir cuentas obstruye el derecho a informar, la prioridad no es legislar ni transparentar: es blindar la imagen del coordinador de Morena.
El acoso del martes 4 de noviembre contra Claudia Sheinbaum exhibió los límites de un modelo que privilegia la cercanía sobre la protección: la Ayudantía —equipo operativo sin entrenamiento de escolta— no contuvo al agresor y, aun así, la Presidenta descartó reforzar su seguridad y prometió seguir en la calle. Tras la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el resguardo recayó en esa Ayudantía. Esto no se corrige con discursos ni denuncias: se corrige ajustando un dispositivo que hoy expone a la jefa del Estado y manda una mala señal al país. Como pregunta el clásico: ¿Y ahora, quién podrá salvarnos?
El Congreso de Michoacán nombró a Grecia Quiroz ―viuda de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre― como presidenta municipal suplente de Uruapan, un relevo necesario que no responde la pregunta central: ¿quién protege a esa ciudad? La mayoría morenista y la oposición aprobaron sin regateos la propuesta del Movimiento del Sombrero —la plataforma que llevó a Manzo, sin partido, al cargo— tras tres días de protestas con inmuebles dañados en Morelia, Uruapan y Apatzingán. La velocidad legislativa y de Palacio Nacional contrasta con la lentitud para prevenir, investigar y sancionar. El Estado repara el vacío político y frena el escándalo y manifestaciones en Michoacán, pero sigue sin cerrar la grieta de seguridad que permitió el crimen.
Que Javier Duarte ya acaricia la calle: tras anular procesos locales —uno por desaparición forzada y otro electoral— y frenar otros sin prisión, pidió la liberación anticipada en el único caso que lo mantiene en el Reclusorio Norte por lavado y asociación delictuosa. En audiencia del 3 de noviembre alegó haber cumplido “casi toda” su condena de nueve años y hasta presumió no estar inhabilitado; la definición quedó para el 12 de noviembre. La señal es brutal: entre recursos, torturas alegadas y expedientes debilitados, el exgobernador acusado de desviar mil 670 millones de pesos podría salir antes que la verdad.
Nos cuentan que Uber, encabezado por Dara Khosrowshahi, ha lanzado en el país una estrategia de exclusividades que bordea el abuso: seduce a restaurantes con incentivos iniciales para luego imponer condiciones que los asfixian —publicidad obligada, promociones forzadas y cesión de ganancias— reduciendo sus márgenes y su independencia. Paradójicamente, mientras en Estados Unidos acusa a DoorDash por prácticas semejantes, en México las replica sin pudor, concentrando oferta, elevando costos y erosionando la libre competencia. En plena Reforma de Trabajo en Plataformas, la conducta de Uber desnuda la contradicción entre su discurso global y su proceder local: un modelo que, bajo la fachada de innovación, reconfigura el mercado para su exclusivo beneficio. Ni qué decir de la caída de calidad de su servicio de transportación, autos sucios y en mal estado, conductores groseros y cancelaciones al por mayor, sin respeto por el tiempo de sus usuarios.
La senadora Alejandra Barrales presentó su primer informe legislativo y, en su mensaje, sentenció que México atraviesa por una crisis profunda, donde la violencia y la impunidad se han normalizado. Pero también lanzó una apuesta distinta para reconstruir el país desde los derechos humanos, la democracia y, sobre todo, desde la infancia. “Por el bien de México, primero las niñas y los niños”, fue la frase que coronó su discurso. Lo que llamó la atención fue la pluralidad de su auditorio, pues en el salón lo mismo convivieron líderes partidistas, sindicales, académicos y hasta empresarios.