Aunque el IFT está en vías de extinguirse, el 17 de enero pasado autorizó esta fusión entre Altán y CFEIT, pese a que había opiniones técnicas al interior del regulador y de expertos sobre los citados efectos adversos.
En el sector de telecomunicaciones vemos que se está gestando una mayor presencia del Estado, lo que tiene sustento en reformas constitucionales impulsadas por el régimen político en el poder: en octubre de 2024 se modificó el artículo 28 constitucional para considerar que no constituye monopolio cuando el servicio de internet se provea por el Estado y en diciembre de 2024 se eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a fin de que el Ejecutivo Federal retome el control regulatorio y de competencia en telecomunicaciones.
Previo a tales reformas, durante el sexenio de López Obrador se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos (CFEIT) y se rescató financieramente a una empresa creada por reforma legal en el sexenio del expresidente Enrique Peña, denominada Altán Redes que es un operador mayorista (no puede prestar servicios a usuarios finales); en ambos casos su justificación fue dotar de conectividad a comunidades remotas sin servicio.
A mediados de 2024 empezó a correr la versión de que estas empresas se unirían, y se anticipaban efectos anticompetitivos por diversas razones: son empresas subsidiadas con dinero público, acceso a la banca gubernamental, uso exclusivo de un bien público muy valioso (espectro - banda 700), además de pagar menos impuestos por el espectro radioeléctrico y un trato regulatorio suave, pese a todo ese apoyo, no han logrado su cometido y hay quejas por parte de operadores privados de que están distorsionando la competencia en el mercado móvil.
Aunado a lo anterior, el gobierno federal también forzó al IFT a que cancelará la licitación IFT-12 sobre espectro 5G, se estima que la razón del régimen fue para que esas frecuencias mejor las ocupe el “gran operador” que está naciendo, y que además por virtud de la Constitución no se le podrá considerar que incurre en prácticas monopólicas.
Es claro que el gobierno va tomando el control del sector, mientras se definen las atribuciones de las nuevas autoridades y se hacen las reformas legales, vendrán meses de parálisis por la transición entre organismos, además de que el recorte presupuestal ha obligado al IFT a cancelar proyectos y acciones, entre ellos, la supervisión de las obligaciones asimétricas.
Al igual que como sucede con Trump, el régimen político mexicano sabe que es conveniente tener un brazo tecnológico que difunda su propaganda y pueda llegar digitalmente a su base electoral, asegurándole frecuencias muy valiosas, combinado con un uso propagandista de los medios públicos, con “influencers” militantes, sin dejar de lado un posible control y espionaje sobre los usuarios que se puede hacer desde un gran operador estatal, pese a las restricciones que le impuso el regulador.
