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En la Comisión Permanente se presentó una iniciativa para que asociaciones religiosas y ministros de culto puedan poseer y administrar concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, actualmente la ley prohíbe esa posibilidad bajo los principios de un Estado Laico y separación de Iglesia-Estado; no es la primera vez que ocurre.
El proponente de la iniciativa pertenece al grupo parlamentario de Morena, pero había presentado una iniciativa muy similar en septiembre de 2016 cuando pertenecía a otro partido (PES, encuentro social); la diferencia estriba, en que aquel entonces sólo proponía que fueran las asociaciones religiosas, y ahora lo amplia para los ministros de culto.
La iniciativa propone que las concesiones sean de tipo social, sin fines de lucro y para cumplir con los fines religiosos de la asociación religiosa, manifiesta que se sustenta en la libertad de cultos, acceso a medios de comunicación y en las libertades de expresión e información, empero existen diversos argumentos en contra.
De entrada, en la Constitución se establece que las asociaciones religiosas exclusivamente sólo pueden tener bienes indispensables para su objeto y, una concesión de un bien del dominio público (espectro radioeléctrico) no es un bien necesario e indispensable para su objeto, que es la promoción de una fe y el desarrollo de un culto religioso, en pocas palabras no se requiere una estación de radio o televisión para ejercer una creencia.
Además, apenas hubo una reforma constitucional y la emisión de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de lo que no se advierte hubiere la intención de que hubiese concesiones religiosas; otro aspecto a valorar es que el Estado al regular la operación de una estación religiosa, podrían alegarse intromisiones a la libertad de culto; asimismo si se permite que una agrupación religiosa tenga el control de un medio de comunicación que constituye un servicio público, que lo obliga a transmitir pluralidad y diversidad de contenidos y no sólo religiosos.
Durante la gestión del IFT hubo críticas por el otorgamiento de concesiones a organizaciones religiosas, así como el acercamiento de grupos religiosos para obtener concesiones, es importante que la nueva autoridad contemple mecanismos que aseguren que las concesiones sociales no tengan fines de lucro o bien sean controladas por grupos religiosos, ya existe un antecedente legal en 2022, que después de un largo litigio un Tribunal Especializado en Telecomunicaciones y Radiodifusión decidió que se le otorgará una concesión social, con el argumento que podría tener pensamiento religioso, pero no era iglesia, precedente cuestionado en su tiempo.
No es estar contra las religiones, pero la historia nos ha mostrado diversos pasajes y el tener cuidado del “voto religioso” que el propio Tribunal Electoral en jurisprudencia ha reiterado el Estado laico y no mezclar proselitismo político con religión. Por ello, cada concesión debe estar debidamente fundada y motivada.