Al amanecer del domingo 15 de junio en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, horas después de que dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en la madrugada con saldo de tres muertos, tropas del Ejército y de la Guardia Nacional incautaron una camioneta con blindaje artesanal con un inusual arsenal dentro. Las imágenes del vehículo llamaron la atención porque traía empotrada una ametralladora Browning calibre .50. Adentro entre el material decomisado lo que llamó la atención fue un equipo Skyfend Hunter Antidrón, cuyo uso se ha vuelto recurrente en los conflictos criminales en Michoacán y Jalisco, y que ahora se registraba evidencia de su uso en Sinaloa. 

Los equipos antidron en manos de las organizaciones criminales son un reflejo de que los sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS por sus siglas en inglés) comúnmente llamados drones, se han vuelto de uso generalizado entre bandas delincuenciales ante la falta de regulación y control que existe en la legislación mexicana. 

La guerra con drones era algo que se contemplaba en el Ejército mexicano desde octubre del 2013, cuando entró en operaciones el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE), que entonces quedó adscrita a la primera brigada de Policía Militar en el Campo Militar número uno. El GRE desarrolló un programa muy completo para responder a amenazas o emergencias donde se están involucrados materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Se creó un equipo especial de apoyo para casos de desastre para coadyuvar en la búsqueda y desactivación de amenazas en estos rubros, a los que se sumó la desactivación de explosivos. 

La evolución de las amenazas asimétricas en la última década orilló a que se creara una unidad especial contra Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). La relevancia estratégica de los sistemas aéreos pilotados a distancia quedó registrada en un documento de la Fuerza Aérea Mexicana fechado en julio del 2020 sobre lo que sucedía en la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas. El reporte decía que la delincuencia organizada había implementado el uso de drones como instrumentos de observación y vigilancia, seguimiento de tropas “e incluso de transporte” de explosivos. La seguridad del lugar estaba a cargo de soldados del octavo Regimiento de Caballería, cuyos mandos debido a la fuerte presencia de la delincuencia organizada en la ciudad, realizaron gestiones para la adquisición de drones para la vigilancia periférica y para usarlos en operaciones. Debido a la demora tuvieron que adquirirlos “con recursos propios”, lo que ponía de manifiesto la necesidad de contar con material y personal debidamente capacitado, para diseñar e implementar protocolos con tecnologías para neutralizar estos artefactos. 

A la alerta en Tamaulipas en aquel año le siguió meses después el uso de drones con artefactos explosivos improvisados en Buenavista, Michoacán, y Zipoco y Quitupan, Jalisco, donde el Ejército decomisó las primeras evidencias del uso de un sistema remoto de lanzamiento en un vehículo aéreo no tripulado. Cinco años después el vacío en la legislación para el control de la comercialización y el registro de quienes adquieren estos artefactos sigue vigente.