A 27 años de la masacre en El Charco, el 7 de junio de 1998, una segunda masacre permite conocer otro desprendimiento del EPR: el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Licenciado en Ciencia Política
jorge.lofredo@gmail.com
Junio es un mes clave para la generación de organizaciones político-militares mexicanas. Hace 30 años, el 28 de junio de 1995 se ejecuta la masacre en Aguas Blancas y al año siguiente, en el acto conmemorativo, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) decide irrumpir y darse a conocer públicamente.
El eperrismo, conjunto de siglas vinculadas directa o indirectamente con el EPR, se ha expresado principalmente mediante emisión de comunicados o propaganda armada a través de las cuales expresa sus posturas políticas. A lo largo de todos estos años sus presentaciones públicas han sido relativamente escasas respecto a experiencias más allá de las fronteras nacionales y todavía son menos las acciones militares conocidas. Aun así, su ejercicio político habitual era anunciar y fijar pronunciamientos propios. Sin embargo, hace tiempo que ello ya no sucede. La única excepción es el EPR.
Cabe remontarse hasta enero de 2018 para localizar otro comunicado que no sea del EPR y, conviene agregar, no provino de ninguna de las siglas conocidas desde antes de 2000. Cierto es que abundan textos de presentación de grupos autoproclamados revolucionarios y de los que luego nada vuelve a saberse. Por lo tanto, la emisión de un escrito, los anuncios pronunciados y también los omitidos abren paso en los entresijos de la clandestinidad mexicana. Como un oxímoron, este es uno de esos silencios que dice, pues no significa la cancelación de su experiencia; sin embargo y a falta de información privilegiada, sabe provocar diferentes interrogantes antes que alguna certeza. Este silencio adquiere, además, una segunda dimensión (y no es menor) que es el militar. Tanto el político como el militar son dos circunstancias que, sobran los ejemplos, pueden convivir al interior de cada grupo precisamente por su doble carácter político militar, donde lo militar se subordina a lo político, aunque no siempre sucede.
Para ejemplificar, se dispone de dos casos concretos. El primero es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) de quien se conoce acciones de propaganda armada y hostigamiento limitado a principios de 2000. Diez años después, mediante entrevista, anunció la coordinación organizativa junto al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio. Firmados a título individual, un año después se hizo público el último texto de CJ28 y en noviembre 2014 de FARP. De la coordinadora nunca se supo de algún texto signado como tal ni tampoco puede confirmarse alguna otra actividad. Sobre Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo y el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos se supo el conjunto de esfuerzos denominado Coordinación Revolucionaria Libertad, junto a la Organización Insurgente 1 de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y la Unidad Popular Revolucionaria Magonista. El 30 de agosto 2006 hicieron una presentación pública de propaganda armada en Oaxaca; el 6 de noviembre siguiente se responsabilizaron por la colocación de artefactos explosivos en la capital mexicana y el 15 de diciembre del mismo año ofrecieron una entrevista con alcance nacional. Desde ese año signaron sus textos en forma conjunta hasta el último, que se remonta a diciembre 2014. De cada coordinadora se supo hasta noviembre y diciembre 2014 respectivamente, luego dejaron de emitir mensajes y tampoco dejaron saber sobre ellas, tanto en forma individual como conjunta, o al menos identificadas en forma pública como tales.
El segundo y más significativo es el ERPI. De junio 2010 a julio 2017 sólo emitió 8 comunicados respecto al lapso entre 1998 y 2009, que fue ampliamente superior. De inmediato, su producción decayó notoriamente, hasta que hubo dos años -2011 y 2015- donde no se conoció ningún escrito público. La numeración que indica en sus emisiones confirma el tiempo transcurrido entre los pronunciamientos de la dirección nacional, que supera el año de distancia -el último fechado en julio 2017-, y un intervalo de casi tres en los dos últimos de los comités estatales. En junio 2009 el comandante Ramiro, líder en el estado de Guerrero, anunciaba en entrevista que “está cerca el momento” de accionar militarmente, pero según se informó en el comunicado nacional 40 del 23 de noviembre de ese año, cayó asesinado 13 días antes. Ese es el momento cuando los escritos se interrumpieron. Y si bien la situación parece explicarse con un correlato lineal y obvio -muerte igual a silencio- tal argumentación es insuficiente pero además ficticia, porque ante circunstancias semejantes cada organización prioriza la necesidad fundamental de reconfigurar su seguridad interior y establecer nuevos liderazgos.
Un antecedente, para el caso, refuerza la idea: a pesar de la caída de los dos máximos referentes y fundadores a nivel nacional, Antonio y Aurora, su actividad continuó, al menos, durante los diez años siguientes. Y como ejemplo en contrario, resaltó el ERPI en su comunicado estatal 21 del 6 de octubre 2014 -acompañado de un video de un miliciano leyendo el texto completo- que se alistaba para responder por los 43 normalistas de Ayotzinapa, y convocó a la “conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”. La idea de corresponder militarmente siempre está presente en organizaciones con estas características; más aún, es una acción habitual incluida dentro de un repertorio más amplio, intrínseco a todo grupo con objetivos de cambio radical. No obstante, nada se supo de la acción anunciada.
Quien marca el ritmo de estas agrupaciones es el tiempo interno y en este caso se expone claramente. Nuevamente a la inversa y sin algún mensaje previo, en 1995 y poco después de la masacre de Aguas Blancas -antes que se conociese la existencia del EPR- la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (toma el nombre en honor a Lucio Cabañas) emboscó una patrulla motorizada en Cualác, a modo de respuesta inmediata al agravio. Antonio tuvo participación activa en la emboscada y en la irrupción del 28 de junio. Distintas etapas, diferentes momentos. La vigencia que conserva la hipótesis de la guerrilla recurrente, que treinta años atrás compartió Carlos Montemayor, puede aplicarse en la actualidad.
Esto pone de manifiesto otra arista que prevalece, siempre, en las discusiones internas de cada agrupación; ello es, una respuesta inmediata a cada agravio o corresponde esperar que el momento político y social confirme las condiciones objetivas para accionar militarmente. Sin necesidad de equiparar situaciones no correspondientes, es posible hallar otro contexto de referencia: por un lado, el EPR aún firmaba sus textos como Procup en agosto 1995, esto es, apenas dos meses después de ocurrido Aguas Blancas; pero cuando reclamó por sus desaparecidos y antes de abrir canales de interlocución hacia las instituciones -que incluyó la iniciativa de conformar una Comisión de Mediación- protagonizó una serie de acciones militares para la amplificación de su reclamo, de la cual el más renombrado fue el ataque contra los ductos de Pemex. Ambas instancias conviven -no sin conflicto- en el seno de estas organizaciones donde los tiempos internos están severamente condicionados por la coyuntura.
Estos espacios están compuestos por decisiones entrecruzadas y siempre delimitadas por el contexto, como por ejemplo (a) la decisión política de accionar o no militarmente con fines políticos, (b) la ejecución de acciones militares sin reclamarlas políticamente como propias, y/o (c) acciones político-militares que quedaron ocultas tras otras violencias en desarrollo o ejecutadas por grupos no insurgentes ni políticos. Frente a estas tres posibilidades, o la combinación de alguna de ellas, debe tenerse en cuenta una premisa que sostiene toda organización política: “cada acción conlleva reivindicación”.
A 30 años de Aguas Blancas no hay registro que contemple alguna actividad política clandestina subversiva. Y ya como grupo vengador, por acumulación de fuerzas en silencio, en espera de condiciones objetivas, o como hipóstasis de grupo revolucionario -que ninguna de ellas necesariamente excluye al resto-, el ámbito revolucionario nunca ha sido un espacio monolítico, sino que se ha visto condicionado por una histórica tendencia divisionista donde en su seno se expresan divergencias pues contiene historias inmediatas diferenciadas entre sí desde sus mismos orígenes. En tal caso, se torna sumamente difícil, pero a la vez prioritario conocer cada etapa -el grado de desarrollo interno- en la que se encuentra cada sigla. Pero, aun así, estas distinciones convergen en el grado cero que cada grupo armado con objetivos políticos asumió desde su conformación; esto es, la decisión de superar la inercia de la denuncia testimonial.
