Cuando la existencia del pueblo o Estado se ve amenazada, los instrumentos internacionales prevén la posibilidad de restringir o suspender ciertos derechos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla suspensiones en casos de guerra, peligro público o amenazas a la independencia estatal, siempre limitadas en el tiempo y notificadas a la OEA.
En la teoría política contemporánea, un Estado moderno se define por tres pilares fundamentales: debe ser constitucional, sostener un sólido Estado de derecho y garantizar los derechos humanos de las personas. Estos requisitos son la base sobre la que descansa la legitimidad del poder público.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, ante una emergencia extrema, los Estados pueden restringir derechos civiles y políticos, siempre que se evite cualquier forma de discriminación y se informe al Secretario General de la ONU sobre las medidas adoptadas y su duración.
Ambos tratados contemplan un núcleo duro de derechos que no pueden ser suspendidos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad entre otros.
La Constitución mexicana establece un principio categórico: todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por el Estado. Además, garantiza los mecanismos para su protección.
El ejercicio de estos derechos es irrenunciable y sólo puede restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones expresamente previstas por la propia Constitución. No hay margen para interpretaciones arbitrarias: la norma suprema fija los límites y salvaguardas que preservan la dignidad humana incluso en situaciones excepcionales.
En esos casos, al igual que en el marco internacional, la Constitución, también establece un núcleo de derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos. Los derechos humanos sustentan al Estado democrático y la confianza ciudadana como son los derechos a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, la nacionalidad, entre otros igualmente importantes. También se preservan las garantías judiciales indispensables para proteger estos derechos.
Además, la restricción o suspensión decretada y autorizada sobre el ejercicio de derechos, debe estar fundada, motivada y debe ser proporcional al peligro que se enfrenta, respetando principios como los de legalidad, racionalidad, publicidad y no discriminación. Este marco es la línea roja que impide que la excepcionalidad se convierta en arbitrariedad. La dignidad humana no admite concesiones.
Es un hecho que en parte del territorio mexicano, tanto el pueblo como el Estado padecen una perturbación grave de la paz pública. Pregunta: ¿Se vive un estado de excepción en parte de nuestro suelo? ¿Deben activarse los mecanismos del artículo 29 constitucional? Si así fuera, ¿decretar el estado de excepción en parte del territorio nacional es una muestra de fortaleza o debilidad del gobierno en turno? No es lo mismo pero equivale a formalizar un “toque de queda”, cosa que han vivido algunas regiones de manera informal.
No seremos arrogantes o frívolos. Es un tema serio. Decretar el estado de excepción es facultad u obligación de quien encabeza el Poder Ejecutivo en concordancia con los poderes Legislativo y Judicial. Confiamos en la experiencia y prudencia de esas instituciones.
