A lo largo de la historia moderna, Estados Unidos ha perfeccionado una forma de dominación que rara vez se presenta con uniforme militar, pero que resulta igual o más efectiva: la creación de inestabilidad económica y política como mecanismo de presión geopolítica.

No se trata de una teoría aislada, sino de un patrón repetido en distintas latitudes, épocas y contextos. Cuando un país se niega a aceptar sus condiciones comerciales, financieras o diplomáticas, la desestabilización interna aparece como respuesta.

Las sanciones económicas son, quizá, el instrumento más visible. Se presentan como castigos “selectivos” contra Gobiernos, pero en la práctica golpean directamente a las poblaciones: inflación, devaluaciones, escasez de insumos básicos, desempleo y caída del poder adquisitivo. El mensaje es claro: o se alinean a las decisiones de Washington o pagan un alto costo social. Venezuela, Cuba, Irán y Nicaragua son ejemplos contemporáneos del impacto devastador que estas medidas pueden tener sobre economías ya frágiles.

Sin embargo, la presión no siempre se limita a lo económico. Cuando las sanciones no bastan o cuando un gobierno persiste en su postura soberana, el siguiente paso suele ser la erosión de su gobernabilidad desde dentro. Financiamiento a grupos opositores, campañas de desprestigio internacional, manipulación mediática, intervención indirecta en procesos electorales y apoyo encubierto a movimientos de desestabilización forman parte de un guion conocido. Así ocurrió en Chile en los años setenta del siglo XX; en varios países de Centroamérica, durante la Guerra Fría; en Oriente Medio durante la llamada “Primavera Árabe”, y en diversas naciones sudamericanas en las últimas dos décadas.

El principio es simple y brutal: si un gobierno no obedece, se le empuja al colapso interno. Se siembra el descontento social, se polariza a la población, se debilitan las instituciones y se asfixia la economía hasta que el propio país se vuelve ingobernable. Entonces, con el argumento de una “crisis humanitaria”, una “crisis de seguridad” o la “defensa de la democracia”, se justifica la intervención abierta o el reemplazo del proyecto político no alineado.

Este mecanismo revela una profunda contradicción en el discurso estadounidense. Mientras se presenta como defensor de la libertad, la democracia y el libre mercado, en la práctica impone sus condiciones mediante la intimidación financiera, el sabotaje económico y la presión política. No negocia en igualdad de condiciones, exige. Y cuando no obtiene lo que quiere, desestabiliza.

Las consecuencias son devastadoras. Países enteros quedan atrapados en ciclos de crisis, deudas impagables, migración forzada y conflicto interno. Se destruyen sistemas productivos, se rompen tejidos sociales y generaciones enteras quedan marcadas por la precariedad. La inestabilidad no es un daño colateral: es parte del diseño.

En el tablero geopolítico actual, esta estrategia sigue vigente. Cambian los pretextos —derechos humanos, lucha contra el terrorismo, combate al narcotráfico o defensa de la democracia—, pero la finalidad es la misma: la dominación económica, política y estratégica. Control de rutas comerciales, acceso a recursos energéticos, dominio financiero y alineamiento diplomático.

Por ello, para los países que buscan preservar su soberanía, el mayor desafío no es solo resistir la presión externa, sino fortalecer su estabilidad interna. Un Estado con instituciones sólidas, economía diversificada, cohesión social y legitimidad política es menos vulnerable a cualquier intento de intervención. En cambio, las naciones divididas, endeudadas, polarizadas y debilitadas son terreno fértil para la injerencia extranjera.

En este contexto, fue un total acierto la manifestación social del pasado sábado, cuando México y su gente le mandaron al mundo un mensaje de unidad y respaldo a su Presidenta y al proyecto de nación que ella encabeza, el cual se sostiene con el apoyo de nuestro pueblo, al que nosotros, como parte de ese proyecto de transformación, respondemos con políticas públicas que benefician primero a los sectores más necesitados y vulnerables, para desde ahí formar una economía más sólida y robusta.