Desde la Comisión Nacional del Agua se afirmó que esta legislación garantizará el derecho humano de todos los mexicanos al agua. Como si bastase con ponerlo en la ley, y nuevamente, sin especificar presupuestos ni inversiones.
Eso, en el México del escándalo del huachicol y en el que, en varias zonas, no se ha podido impedir que el crimen organizado cobre derecho de piso o un porcentaje de la producción agrícola.
Mientras tanto, los productores agropecuarios y otros sectores quedan en la incertidumbre y la indefensión jurídica.
Expertos hablan incluso del enorme rezago de medición. Por ejemplo, que ni siquiera se utilizan los datos de consumo eléctrico de las norias, disponibles para conocer el agua extraída de cada pozo.
A través de un pronunciamiento, la Comisión dice que “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”
Para constituir una organización como partido político, esta deberá contar con al menos 256 mil 30 personas afiliadas, que representa el 0.26% del padrón electoral en México
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Más que como una verdadera reforma para afrontar los retos del agua, lo que acaba de aprobarse en el Congreso ha destacado por el reflejo de las paradojas de la conducción política y la involución del Estado democrático de derecho en México desde el sexenio pasado. En el fondo y sobre todo en la forma.
Efectivamente, el agua es un reto crítico para nuestro país, que está entre los 25 con mayor estrés hídrico en la clasificación del World Resources Institute, marcado por contaminación, sequías, crecimiento urbano, sobrexplotación de las reservas, enormes rezagos en infraestructura y, como subraya el gobierno, abusos.
Sin embargo, la reforma pone el énfasis en lo ideológico y, como se ha criticado desde la oposición y en las protestas de productores agropecuarios, en el control político. En cambio, se ve poca política pública concreta para atacar los problemas de raíz con soluciones efectivas y acompañadas de presupuesto e inversión.
Promesa de campaña de 2024, consiste en modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, que reglamenta el derecho humano de acceso, disposición y saneamiento, establecido en la Constitución desde 2012.
El propósito suena bien, como varios aspectos positivos de la nueva legislación, pero se replica la vieja práctica de decretar grandes cambios en el papel, sin las acciones conducentes. Asimismo, la propensión de abanderar fines loables, pero contaminados con desinformación e imposición.
No queda claro cómo se van a resolver problemáticas como la pérdida de entre 40 y 70 por ciento del agua potable en ciudades por fugas. No obstante, se nos dice que, por fin, se pondrá orden en el y uso del agua y contra los abusos. ¿El principal instrumento para esa hazaña? Un régimen de concesiones distinto y restrictivo, en el que el gobierno tendrá un control altamente discrecional.
Tomemos en cuenta que el agua es, para muchos de ellos, el activo más importante. Sin la seguridad de abasto y jurídica, sus propiedades pueden valer como tierras de temporal. Esos efectos, así como las complicaciones para la producción, pueden ser rápidos, por ejemplo, al dificultarse el crédito e inhibir la inversión.
Tras las movilizaciones de campesinos y productores se hicieron cambios al proyecto original del sistema de concesiones. Este prohibía a rajatabla su transmisión y separaba la propiedad o la administración de la tierra de la concesión. Eso se corrige, pero la falta de seguridad legal subsiste con la centralización en la Conagua y un procedimiento de reasignación.
Sí se permite la transmisión, por ejemplo, para la herencia, pero hay que pasar por ese visto bueno, probablemente sujeto a consideraciones de disponibilidad. Conociendo cómo se hacen las cosas en México en la vida real, fuera de la retórica o la ley, difícilmente puede esperarse un camino libre de burocratismo y alto margen de arbitrariedad de la autoridad.
Hasta ahora, los organismos de cuenca, a lo largo de las regiones hidrológicas administrativas, eran los facultados para resolver ese tipo de trámites. Al menos estaban cerca. Ahora, la facultad pasa a las oficinas de la Conagua en Ciudad de México. También son de sobra conocidas las consecuencias de una excesiva centralización administrativa: desde tortuguismo en los procesos hasta corrupción piramidal y, sobre todo en el campo, clientelismo político.
No por nada se reclama que el objetivo real o el resultado esperable es el control político-partidista de un sector, más que evitar el acaparamiento y el lucro con el agua. Eso existe y es correcto que el regulador lo combata. Lo que se cuestiona es que las restricciones establecidas sean o sirvan para eso.
Para cualquier traspaso, digamos para una compraventa de predio, la concesión tiene que regresar a la Conagua para que, en su caso, sea reasignada. Supuestamente en 20 días, cuando la experiencia es de trámites que llegan a durar años. No sorprende la desconfianza entre los productores.
La autoridad podría vigilar el uso de las concesiones e impedir abusos sin necesidad de cambiar la ley y el sistema de transmisión o traspaso de concesiones. Se podía, y no se hizo. Lo que hace falta es mayor presupuesto, inspección técnica y determinación para desplegarla con efectividad y regularidad.
Se dice que, durante años, derechos de uso agrícola han sido utilizados para abasto a fraccionamientos, la industria o, en la imagen retórica típica, campos de golf. ¿Dónde están las sanciones a los grandes infractores? Igual que con las acusaciones de corrupción que se hicieron como uno de los pretextos para cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
De hecho, como ha destacado Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano de la Competitividad, los datos más recientes de supervisión de las concesiones indican que alrededor de 93% no tiene medidor registrado, y 97% no ha recibido visita de verificación.
Sin atender eso, qué puede hacer un cambio en el régimen de concesiones, el cual, en cambio, añade incertidumbre y costos a los productores que, además, enfrentan calamidades como extorsión, precios deprimidos y el desmantelamiento, en el sexenio pasado, de un sistema de precios y financiamiento que al menos funcionaba para muchos.
Si a todo esto añadimos la forma en que se aprobó la reforma en el Senado, sin tiempo para que los legisladores siquiera leyeran el último dictamen, queda claro hacia dónde está yendo nuestra democracia, más que una ruta para resolver los desafíos del agua.
