Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o lo que queda de ella, resolvió que no se puede limitar la circulación de vehículos de transporte público con base en su antigüedad. En su lugar, determinó que lo relevante es que estos se encuentren en buenas condiciones mecánicas para operar. Este fallo recuerda a uno emitido hace algunos años, cuando el Poder Judicial concluyó que no se podía restringir la obtención de la calcomanía 0 en la verificación vehicular por la edad del automóvil.

Aunque la resolución puede resultar decepcionante para quienes impulsan la renovación del transporte, también representa un punto de inflexión: obliga a las autoridades a profesionalizar sus decisiones con criterios objetivos y sustentados técnicamente.

En la Ciudad de México aún circulan microbuses fabricados entre 1989 y 1991. Son vehículos montados sobre chasís de carga, adaptados para el transporte de pasajeros, que durante décadas han cubierto buena parte de la ciudad con cierta flexibilidad. Al ser unidades cortas, han logrado internarse tanto en avenidas como en calles estrechas de barrios periféricos.

Cuando estos microbuses se ven involucrados en incidentes de tránsito, muchas veces el resultado es trágico. En caso de atropellamiento, los peatones suelen quedar debajo del vehículo en lugar de ser repelidos, como sucede con un vehículo moderno. En caso de colisión, estos microbuses ofrecen ya poca resistencia. Los microbuses son vehículos peligrosos no sólo por el estilo de conducción de sus choferes, sino por su diseño deficiente y su deterioro estructural.

En materia ambiental, la situación no es mejor. Cuando se introdujeron en los años noventa, estos vehículos presumían el uso de gasolina “Magna SIN”, es decir, sin plomo. Hoy, además del plomo, también el azufre ha sido eliminado de los combustibles. Sin embargo, los microbuses pertenecen a otra era tecnológica, incluso previa a la generalización de la inyección electrónica y el uso de diésel, lo que los hace altamente contaminantes.

El fallo de la SCJN, derivado de una controversia sobre una normativa estatal en Chihuahua, sienta un precedente con impacto nacional: las restricciones al transporte público no pueden basarse únicamente en la edad del vehículo, sino en criterios técnicos y objetivos. Esto implica un llamado urgente a dos niveles de gobierno.

Por un lado, al Gobierno de la Ciudad de México, y en particular a la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Julia Álvarez Icaza, y a la Secretaría de Movilidad, a cargo de Héctor Ulises García Nieto. Ambas dependencias, en coordinación con instituciones académicas, deben trabajar en la emisión de normas ambientales y de seguridad vial específicas para el transporte público de la capital. Estas deben facilitar el retiro progresivo del parque vehicular obsoleto, contaminante y peligroso.

Por otro lado, el fallo representa una oportunidad para que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, dirigida por Andrés Lajous, emita lineamientos técnicos a nivel nacional. Esta nueva instancia federal podría estrenarse con normas en materia de seguridad vial y protección ambiental, brindando certidumbre jurídica a los gobiernos locales para impulsar, por fin, la modernización estructural que el transporte público del país exige desde hace décadas.