Este consenso no sólo consolidó los criterios jurídicos, sino que también dejó claro que, incluso en la recta final de su actual conformación, la Corte sigue ejerciendo su papel como guía del sistema judicial. Las jurisprudencias, ahora vinculantes, se suman al legado interpretativo de una SCJN que está a punto de transformarse.

Y es que el reloj institucional avanza. En poco más de un mes, la Corte que conocemos cerrará un ciclo. Se avecina una nueva integración del Pleno, con nuevos rostros, nuevas voces y, probablemente, una nueva forma de entender la Constitución. El cambio no es menor: implica una reconfiguración de la visión jurídica que orienta al país.

Así, mientras se escriben los últimos párrafos de esta etapa judicial, la SCJN deja en firme criterios que seguirán resonando en los tribunales. Porque aunque los ministros cambien, la ley y su interpretación permanecen. Al menos, hasta que la nueva Corte decida lo contrario.

La primera tesis, 1a./J. 126/2025 (11a.) bajo rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE VERACIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS MANIFESTACIONES EXTERNADAS EN UNA COLUMNA DE OPINIÓN PUBLICADA POR UNA PERSONA PERIODISTA, amerita una reflexión para dimensionar la importancia del precedente ante los recientes embates que, desde los órganos legislativos, fiscalías y tribunales del fuero común y electorales, se vienen gestando en contra de los derechos humanos a la libertad de expresión, opinión, investigación y difusión de las ideas, principalmente en el ámbito local.

La primera de esas tesis de jurisprudencia, la 1a./J. 126/2025 (11a.), establece el estándar de veracidad aplicable a las columnas de opinión escritas por periodistas. En otras palabras, la Corte ha definido qué tan veraces deben ser las expresiones vertidas en este tipo de textos, sin perder de vista que se trata de opiniones, no de reportajes.

Este precedente llega en un momento delicado. En distintos rincones del país, desde congresos locales hasta fiscalías y tribunales del fuero común y electorales, se han intensificado los intentos, justos o no, por acotar la libertad de expresión. Las presiones no siempre son evidentes, pero se manifiestan en denuncias, restricciones y decisiones judiciales que buscan limitar voces aparentemente incómodas, especialmente en el ámbito local.

Por eso, esta tesis no es solo una regla técnica: es un recordatorio de que la libertad de opinar, investigar y difundir ideas sigue siendo un derecho humano que merece protección. La Corte, al fijar este estándar, no solo delimita responsabilidades, también envía un mensaje claro: el periodismo de opinión tiene un lugar legítimo en la democracia, y su ejercicio no debe ser criminalizado ni censurado bajo pretextos legales.