@ebuendiaz
*Consultor en materia electoral.
Guste o no, la elección de jueces, magistrados y ministros está en marcha. Ello obliga a que el INE emita acuerdos para ir normando un proceso electoral que no tiene precedentes en nuestro país. También para ir llenando vacíos existentes en las normas constitucionales y legales. Como sabemos, en estos últimos años el trabajo legislativo no ha sido el óptimo.
Frente a un estado de cosas indeseables (reforma constitucional y legal innecesaria y mal diseñada, pocos recursos económicos, conflictos competenciales de tribunales, etc), el INE ha tenido que dar la cara, actuar con responsabilidad y establecer reglas para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.
El trabajo que realiza el INE se enmarca en un principio constitucional que obliga a todas las autoridades electorales: la certeza. Este principio es un elemento clave en todo sistema democrático y más en nuestro sistema electoral, pues garantiza que los participantes en el proceso electoral conozcan las reglas del juego y éstas se respeten.
En el marco de dicho deber, en los últimos días el INE ha emitido diversos lineamientos dirigidos a las personas que se inscribieron y fueron seleccionadas por las instancias facultadas para ello (comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como el Senado en el caso del Poder Judicial).
En efecto, recientemente emitió regulación para garantizar que quienes participen no tengan ventajas indebidas dentro del proceso electoral. Equidad le llaman. Es por ello que aprobó lineamientos respecto a dos temáticas. Por un lado, desarrolló las conductas que serán motivo de sanción en este proceso electoral a través de procedimientos administrativos y, por el otro, fijó reglas que aplicarán para la fiscalización de los recursos de las y los candidatos.
El establecimiento de dichas reglas tiene que ver con la función de arbitraje que desarrolla ordinariamente el INE en cualquier proceso electoral, la cual deriva de las atribuciones que tiene por ley para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y para imponer sanciones. Recordemos que es la única autoridad del país que realiza fiscalización electoral y tratándose de conductas presuntamente ilegales dentro del proceso electoral, también es la única que puede detener los efectos de dichas conductas a través de un medida cautelar, pero no puede sancionar, dado que ello corresponde al TEPJF.
La emisión de dichos lineamientos es de mucha utilidad tanto para las y los participantes, como para cualquier persona interesada en el proceso electoral. Más cuando el inicio de las campañas está previsto para el 30 de marzo. Ello significa que, aun y cuando informalmente ya hay definición de candidaturas, éstas no pueden realizar llamados al voto. De lo contrario podría incurrir en alguna violación a la ley y ello puede implicar alguna sanción.
Considerando que el objetivo de este proceso electoral es ser electo como juez, magistrado o ministro, el sentido común indica que éste será el más limpio de nuestra historia, esto es, un proceso electoral sin violaciones a las reglas. Sin embargo, dado que este sentido es el menos común de todos, no está de más recordar algunas prohibiciones que tienen quienes participen con alguna candidatura.
En principio, es importante señalar que no hay posibilidad de que se contraten tiempos en radio y televisión para promoción. Tampoco en medios de comunicación o en espacios físicos (impresos o digitales). Así, parece que la promoción esencialmente será en redes sociales y a través de foros o entrevistas donde podrán exponer su trayectoria.
No es posible que los aspirantes hagan uso de recursos públicos para promocionarse. Esta restricción encuentra sentido, pues existen personas que tendrán una candidatura siendo servidores públicos y la función que desempeñarán exige absoluta imparcialidad. De igual forma, los partidos políticos no pueden posicionarse públicamente a favor o en contra de alguna candidatura.
En el caso de la fiscalización, las reglas son más especializadas. De entrada existe la obligación de darse de alta en el sistema que maneja el INE. El objetivo es que cada candidatura no solo informe la realización de sus eventos, también para que registre sus gastos en tiempo real, esto es, en el momento en que son realizados y hasta tres días posteriores a su realización. Ello implica, contar con mucho orden, pues también existen sanciones en caso de incumplir las reglas en esta materia.
En síntesis, el proceso electoral para elegir a impartidores de justicia avanza. Si bien no de la manera que ordinariamente ocurre cuando se elige a integrantes de otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), lo cierto es que ante la turbulencia existente alguna institución tiene que volver a lo básico y dar un poco de certeza a la ciudadanía. El INE lo está haciendo, eso está fuera de toda duda.
