No se trata únicamente de agresiones físicas; el mensaje es más sofisticado y, por ello, más eficaz: advertencias veladas, presiones políticas, señalamientos públicos y uso selectivo de las instituciones para inhibir coberturas incómodas.

El resultado es una autocensura silenciosa, difícil de medir, pero profundamente corrosiva para el derecho a la información. En amplias regiones del país, el periodismo no desaparece por decreto, sino por desgaste.

Si las amenazas configuran el clima, el acoso judicial define la estrategia. En el actual periodo, la utilización de la ley como mecanismo de censura indirecta se ha consolidado como una de las principales herramientas contra el periodismo. 

Demandas por daño moral, denuncias por calumnia, procesos por supuesta violencia política de género o sanciones administrativas operan como castigos anticipados, independientemente de su resolución final.

Este fenómeno no es anecdótico ni marginal. Se reproduce con especial fuerza en los estados, donde gobernadores, fiscalías y tribunales locales concentran poder suficiente para intimidar sin contrapesos reales. 

En este contexto, ciertas reformas legales, especialmente en materia digital, amplían peligrosamente los márgenes de criminalización de la expresión. La ambigüedad jurídica se transforma en una amenaza latente contra la crítica.

El gobierno federal ha moderado el discurso, pero no ha desmontado las condiciones que permiten que la censura legal y la violencia extrema sigan operando.