Es evidente la falta de información sobre las características y detalles de las elecciones, como también lo es, la falta de respuestas coherentes del oficialismo a múltiples yerros cometidos en redacciones contradictorias de la reforma judicial y, por las autoridades electorales, a diversas decisiones en su implementación. Un breve recuento de los daños hechos a la legitimidad de las elecciones de personas juzgadoras indica que el marco normativo se construyó de manera apresurada sin considerar los impactos de su puesta en marcha y sin permitir plazos adecuados de planeación. También habrá que referir la cuestionable integración de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con personas identificadas con la 4T, así como el deficiente trabajo realizado para integrar los listados de candidaturas, que al final fueron depurados por el INE para imprimir las boletas electorales.

En el camino quedaron evidencias de violaciones graves a derechos en perjuicio de varios aspirantes, incluso de algunos que fueron sorteados y, de manera inexplicable, no están en las boletas. La ejecución por parte del INE acusa los efectos del drástico recorte presupuestal, de la negativa para conceder una ampliación mayor de recursos, de la litigiosidad en contra de la reforma; así como de la negativa para recorrer los plazos y llevar la jornada electoral al 31 de agosto. Resultado final: se abrirá solo la mitad de las casillas instaladas el 2 de junio de 2024 con un universo máximo de votantes de 2 mil 250, con un barroco procedimiento de votación que incluye formatos complejos de boletas, la falta de escrutinio y cómputo de los votos alcanzados por cada candidatura y la decisión de no inutilizar las boletas sobrantes en la casilla.

Por si fuera poco, la etapa de las campañas enfrenta a las autoridades electorales a desafíos inéditos, entre otros: la confrontación INE-Tribunal para definir topes diferenciados a los gastos personales que pueden ejercer las candidaturas durante los 60 días de campaña y, lo más grave, la autorización del Tribunal Electoral para que los poderes públicos difundan la realización de las elecciones, tema en el que la Secretaría de Gobernación se ha esmerado y que, sin duda, se incrementará, en grado superlativo en los días por venir, más si consideramos que la reforma judicial y su implementación es tema fundamental para la 4T.

En los próximos días veremos el despliegue de recursos de la alianza gobernante para difundir la celebración de las elecciones, quieren, les urgen votos para legitimarla, bajo el falso argumento de que el pueblo, en las campañas presidenciales de 2024, exigió cambiar de raíz al Poder Judicial.

Veremos, también, la promoción indebida de los números de las candidaturas que les interesan, de las personas que quieren en los cargos judiciales, poco importa que tengan los conocimientos técnico-jurídicos para administrar justicia, tampoco se valorará su apego a principios y valores éticos dado que en los asuntos que conozcan estarán involucrados derechos y libertades de las y los mexicanos. Para ganar las elecciones, lo que importa es la cercanía con la 4T, lamentable, pero cierto.