Vicecoordinador de los diputados del PAN
De 2019 a 2025 el promedio diario de extorsiones cometidas en el país creció 20.8 por ciento. No lo digo yo, lo dice Claudia Sheinbaum en la página 3 de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado martes 28 de octubre.
Los diputados del PAN votamos a favor esta nueva ley, en lo general; pero votamos en contra en lo particular por diversas razones. En efecto, votamos a favor en lo general, no sólo porque es un mandato constitucional desde el pasado 9 de octubre (cuando se publicó la reforma constitucional en la materia), sino porque la extorsión es un delito que creció exponencialmente desde que gobierna Morena, que está fuera del control de las autoridades y que padecen día con día miles de mexicanos a lo largo y ancho del país. Así que era urgente dotar al gobierno de una ley para combatir este delito.
Pero votamos en contra en lo particular, por dos motivos: primero, porque no se aceptaron nuestras propuestas, que buscaban hacer más eficaz la lucha contra la extorsión. Propuestas tales como: incrementar las penas, tanto para el extorsionador, como para los funcionarios que, aprovechándose de su cargo, sean cómplices; un servicio de carrera para quienes integrarán las unidades especializadas en la investigación y persecución de este delito; mayor claridad en el derecho de las víctimas a la reparación del daño; y, desde luego, destinar recursos suficientes para el combate a la extorsión pues, de lo contrario, la ley será letra muerta.
De hecho, esa fue la primera traición al establecer que para todas estas nuevas disposiciones NO habrá un solo centavo de presupuesto adicional, pues pretenden que todo lo nuevo como, por ejemplo, el bloqueo de señales telefónicas de celulares desde las cárceles, no tendrán ningún respaldo económico, todo pretenden propagandísticamente que suceda solito con los recursos previamente autorizados, es decir, algo se tendrá que dejar de hacer, o las nuevas obligaciones o parte del esfuerzo previo.
Y segundo, votamos en contra en lo particular porque, como ya se ha hecho costumbre con los diputados de Morena, de último momento presentaron una modificación al dictamen, no para mejorar su contenido, sino por el contrario, para empeorarlo: disminuyeron casi a la mitad la sanción de cárcel a los servidores públicos coludidos con los extorsionadores (el dictamen establecía de diez a veinte años; Morena lo bajó a cinco y a doce años).
¿Y por qué Morena decidió, de último minuto, disminuir los años de cárcel a los servidores públicos coludidos con los extorsionadores? Porque están “salvándole el pellejo” a varios prominentes militantes de Morena que, ahora mismo, tienen abiertas carpetas de investigación por este delito. El ejemplo más evidente es Hernán Bermúdez, líder de la organización delictiva conocida como La Barredora, quien se encuentra sujeto a proceso, entre otros delitos, por extorsión. Al disminuir la sanción para los funcionarios coludidos, los diputados de Morena dan muestra de que tienen muchos correligionarios a los que tienen que rescatar de la cárcel, y han confirmado su infame pacto con el crimen organizado.
Para el cartel de Morena es más importante defender a los morenistas que extorsionan, que defender a la población de los extorsionadores. Morenistas coludidos con criminales y tribunales coludidos con morenistas. El perverso círculo que han construido López Obrador y Sheinbaum.
Y en este México cada vez más alejado de la justicia, de la democracia, de la ética en el servicio público, tenemos que destacar la valiosa lección de congruencia, de respeto a las instituciones republicanas y al Estado de Derecho, y de fidelidad a sus principios, de la doctora Janine Otalora, quien el viernes pasado dejó el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nunca debemos olvidar que Sheinbaum avaló plasmar en la Constitución el regalo de tres años más en el cargo, a los cinco magistrados que calificaron la elección presidencial, a cambio de lealtad al régimen y como premio por su mayoría artificial. Sólo ella rechazó la oferta.
En este país en el que el servicio público ha sido vulgarmente corrompido por Morena, la doctora Janine Otalora nos demuestra que sí es posible regresar la ética a la función pública, actuar con valores democráticos y no buscar fidelidad a personas, sino a la nación. La echaremos de menos.
