Lo mismo que sucedió desde el 20 de febrero pasado, al clasificar a seis estructuras criminales mexicanas, por el Departamento de Estado, como organizaciones terroristas internacionales.
Que tengamos un apacible fin de año y un 2026 de salud, certezas y realizaciones
Como otros términos jurídicos de los ámbitos militar, Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia, el de arma de destrucción masiva, aplicado a un opioide sintético y que cuyo consumo indiscriminado comenzó hace años en Estados Unidos por la criminal irresponsabilidad de médicos y farmacéuticas, ahora es tergiversado para dar pie a presiones injerencistas desde la Casa Blanca.
Sumado a ese tenso ambiente, los criterios generales de la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada a finales de noviembre, en donde el principal foco de atención es el Continente Americano y más aún Latinoamérica, dicha retórica y condiciones jurídicas, le permite al presidente Donald Trump, contar con los recursos mediáticos, institucionales, presupuestales y políticos para estar en condiciones de incidir en los gobiernos de la región.
Por lo que hace a prioridad de atacar la producción y tráfico de drogas en general, México, Colombia y Venezuela, tienen el denominador común, de que en los tres, existen organizaciones terroristas internacionales y que por lo tanto, merecen un tratamiento especial, sobre todo en lo que hace a los intereses de la Seguridad Nacional estadounidense.
He apuntando en anteriores entregas, que la figura del narcotraficante, es la continuación argumentativa de la política exterior de Washington. Así, tanto el comunista de la Guerra Fría, como el terrorista de los atentados del 11 de septiembre de 2001, han sido remplazados, por el traficante de drogas. En esos términos, es que la aplicación de preceptos jurídicos, antes referidos de forma exclusiva a actores no estatales y a gobiernos calificados de hostiles, en estos días, ahora los riesgos a los intereses de Washington se encuentran sobre todo, en el interior de países latinoamericanos.
Los convenios comerciales, migratorios, de intercambios científicos, turísticos y de inversiones en general, se verán afectados dada esa retórica belicista y clasificación militar de acciones netamente delictivas. Es clara la ruta trazada por el gobierno de Estados Unidos, para que el Tratado de Comercio México-Canadá-Estados Unidos, llegue al momento de su revisión, en las más débiles condiciones posibles para ser eliminado y ser sustituido con acuerdos bilaterales por materia, manifiesto objetivo de Donald Trump en varias ocasiones.
La escalda semanal, en cuanto a Órdenes Ejecutivas (Decretos Presidenciales para nuestro caso), declaraciones del presidente Trump y de sus principales colaboradores en estas materias, abren con frecuencia temas que poco abonan a un sincero espíritu de colaboración y cooperación de su gobierno con los de los países latinoamericanos. Por lo que hace al caso de México, debe sumarse un valor sustancial: la confianza.
Empero, dadas las evidencias, hay pocas expectativas de que así vaya a suceder, al menos en los siguientes meses. Pues la escalada militar estadounidense en las costas del Caribe venezolano, aunado a los recientes resultados electorales presidenciales en Honduras, Ecuador, Bolivia y Chile, anuncian, además de reacomodo ideológico de Centro y Sudamérica, un giro en las relaciones con la Casa Blanca. No obstante la cooperación militar entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos sigue.
Así lo evidencia la solicitud enviada el miércoles 17 al Senado, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, para el ingreso de elementos de la Armada de ese país, con el objetivo de adiestrar a elementos de la Armada de nuestro país. Buena noticia para cerrar el año.
