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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó ante el Congreso que México atraviesa el periodo más difícil en mucho tiempo por el cambio estructural que impulsa la administración de Donald Trump en el comercio internacional, pero sostuvo que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum ha evitado una crisis y consolidado la mejor posición relativa del país frente a otros socios de Estados Unidos.
Durante su comparecencia por el Primer Informe de Gobierno, Ebrard destacó que, pese a los aranceles globales impuestos al acero, aluminio y vehículos, México mantiene más del 80 por ciento de sus exportaciones sin gravamen, un récord histórico de inversión extranjera directa en 2025 y un ritmo de exportaciones estable. Anunció que el gobierno federal prepara la postura nacional para la revisión del T-MEC en 2026, tras consultas con los 32 estados y 30 sectores productivos, con el objetivo de llegar al proceso con el mayor grado de cohesión posible. “El Tratado va a permanecer y México saldrá fortalecido”, aseguró el secretario, al subrayar que la relación directa y respetuosa entre Sheinbaum y Trump ha sido “un recurso político mayor”.
El gobierno federal y el de Puebla formalizaron un Acuerdo Marco de Coordinación en materia de salud que sella la federalización total de los servicios médicos en el estado hasta 2030. El convenio, firmado por David Kershenobich y el gobernador Alejandro Armenta, establece la transferencia de recursos, insumos y medicamentos federales bajo la operación del IMSS-Bienestar, y fija obligaciones de transparencia, auditorías y rendición de cuentas conjuntas. Si se detectan desvíos o uso indebido, Puebla deberá reintegrar los fondos en 15 días y podría suspenderse el flujo de recursos. El acuerdo confirma la ruta del nuevo modelo nacional de salud, con la federación retomando el control operativo que décadas atrás había cedido a los estados.
La alcaldesa Susy Carolina Torrecillas, celebró con entusiasmo el anuncio de la llegada de Fermachem a Lerdo, Durango, pero el optimismo contrasta con la desconfianza que rodea al grupo empresarial Fermaca, dirigido por los hermanos Fernando y Manuel Calvillo. La compañía, que en marzo presentó en Palacio Nacional un proyecto de tres mil 700 millones de pesos, enfrenta serias dudas sobre su liquidez, su historial de cumplimiento y la viabilidad de sus inversiones. Aunque presume planes de expansión industrial y nuevas alianzas estratégicas, sus proyectos avanzan con lentitud y sus finanzas no inspiran confianza. En el gobierno federal, varios funcionarios han comenzado a mirar con cautela los compromisos de Fermaca.
El poder de servir, lema que utiliza la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para definir sus acciones, es empleado por “servidores públicos” de mediano rango, pero para servirse con la cuchara grande. Tal es el caso de Jorge Carlos Jiménez Mendoza, quien figura como gerente administrativo de la policía auxiliar mexiquense quien, con un pasado muy cuestionable, presuntamente pide a comandantes de esa institución el llamado “entre” para evitar, según el, ser exhibidos con los mandos por supuestos malos manejos administrativos que podrían, asegura, costarles el trabajo. Que los afectados hacen un llamado a corregir viejos vicios y cesar a estos funcionarios que no entienden que las cosas ya cambiaron.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno de Oaxaca firmaron un Convenio Marco de Coordinación para planear y ejecutar proyectos de carreteras, puentes y obra pública, afinar permisos y dictámenes y coordinar fondos y estudios técnicos; el instrumento —suscrito por Jesús Antonio Esteva y el gobernador Salomón Jara, y publicado el 15 de octubre de 2025 en el DOF— no implica compromiso presupuestal inmediato y condiciona cualquier inversión a convenios específicos de ejecución, con responsables designados (Centro SICT Oaxaca y Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones estatal) para seguimiento, auditorías e intercambio de información.
El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 100 por ciento a las grúas pórtico (ship-to-shore, STS) y al equipo intermodal de carga procedente de China, como parte de la estrategia para recuperar la llamada “dominancia marítima” ordenada por el presidente Donald Trump mediante la Executive Order 14269. El documento, firmado por la representante comercial Katherine Tai, establece además nuevas tarifas de hasta 150 por ciento para maquinaria portuaria adicional —como grúas móviles, reachstackers, straddle carriers y tractores de terminal— e instruye reducir la dependencia de componentes chinos en los sectores marítimo, logístico y de construcción naval. La medida, que entra en vigor el 9 de noviembre, busca fortalecer la seguridad económica y la cadena de suministro estadounidense, tras advertir que incluso los puertos del país dependen de tecnología sensible fabricada o controlada por empresas chinas.
La Casa Blanca emitió la Orden Ejecutiva 14355, que ordena utilizar inteligencia artificial para descubrir curas contra el cáncer infantil, una de las principales causas de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos. La medida instruye a la Make America Healthy Again Commission y al Departamento de Salud a integrar IA en todos los niveles de investigación y atención médica, desde el análisis genómico hasta los ensayos clínicos. El programa, respaldado por la Childhood Cancer Data Initiative, con una inversión federal de 50 millones de dólares anuales durante una década, busca acelerar diagnósticos, tratamientos y modelos predictivos, y convertir los datos biomédicos nacionales en un motor para identificar curas antes inalcanzables.
