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Cuentan que Ricardo Monreal frenó, al menos por ahora, el intento de Morena para adelantar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum y empalmarla con las elecciones federales de 2027. El presidente de la Junta de Coordinación Política informó que pidió a la Comisión de Puntos Constitucionales “posponer” la discusión y eventual votación del dictamen que reforma el artículo 35 constitucional, luego de que PAN, PRI, PRD y MC acusaron un “albazo” y advirtieron que la maniobra busca evitar un castigo en las intermedias.
El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar había propuesto que la consulta se realizara el primer domingo de junio de 2027 —junto con la elección de diputadas, diputados y hasta 17 gubernaturas— y no en el periodo de tres meses posteriores al tercer año de gobierno, como hoy establece la Constitución. Monreal admitió que las bancadas le pidieron no precipitarse y anunció que el debate queda congelado hasta nuevo aviso, mientras continúa la negociación con los coordinadores Rubén Moreira, Elías Lixa, Carlos Puente, Reginaldo Sandoval e Ivonne Ortega.
La Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, estaría investigando un supuesto manejo indebido de recursos públicos por la adquisición de medicamentos a sobrecosto en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León por allá de 2024. Dicen que la lista de funcionarios presuntamente investigados es larga, entre los nombres habría que anotar a Mauricio Humberto Zebadúa, Tonatihu Ortiz Castillo y Arik Salvatierra García; éste último responsable de supervisar en aquel entonces los procedimientos de contratación en aquella plaza y actual jefe de Servicios de Administración y Finanzas de la Coordinación Estatal de Tamaulipas para Servicios de Salud del IMSS Bienestar.
La primera pregunta sobre el llamado “Plan Michoacán” es por qué la citada estrategia del gobierno federal no se presentó en aquella entidad, gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, y se decidió detallar desde la seguridad de Palacio Nacional. Ya entrando en los detalles, hay que preguntarse en qué radican las diferencias con el plan que el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció en 2021, pues en los hechos no hay un cambio significativo ni recusos adicionales a los que ya se tenían presupuestados para rubros como seguridad, salud y Programas del Bienestar.
Productores y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano alistan la toma de la Secretaría de Agricultura y un posible paro nacional indefinido en protesta por siete años de abandono, falta de financiamiento y la ausencia de precios de garantía que cubran los costos reales de siembra, cosecha, transporte y almacenamiento. Contingentes de todo el país se movilizaban hacia la Ciudad de México ayer para intentar amanecer frente a la Sader hoy y, tras una conferencia de prensa frente a Palacio Nacional este martes, definir si escalan con tomas de carreteras, puentes internacionales y aduanas, mientras exigen al titular Julio Berdegué un nuevo modelo agroalimentario que dé certidumbre a todo el sector.
Garantizar el acceso universal y gratuito a servicios y medicamentos oncológicos de tercer nivel (atención en unidades de alta especialidad para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cáncer en casos que requieren servicios complejos y concentrados), fortalecer la formación y desarrollo de especialistas en cáncer y consolidar la investigación clínica, epidemiológica y molecular son los tres objetivos del Programa Institucional 2025-2030 del Instituto Nacional de Cancerología, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 30 de septiembre y firmado por el director general Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez.
El Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la Fiscalía General de la República reportó un saldo de 5 mil 925 millones 725 mil 839.4 pesos, al 30 de septiembre de 2025. Este monto resulta de un saldo inicial al 31 de diciembre de 2024 de 5 mil 4 millones 733 mil 106.3 pesos, más aportaciones por 543 millones 895 mil 37.4 pesos y rendimientos financieros por 377 millones 736 mil 278 pesos, menos egresos por 638 mil 582.4 pesos por honorarios fiduciarios y por la dictaminación de los estados financieros.
