1.- En Bolivia, los periodistas enfrentan ataques físicos, estigmatización y asfixia económica, todo ello en un contexto en el que Evo Morales vuelve a empujar los límites constitucionales con su intento de regresar al poder. El discurso oficial califica a los medios como “cárteles de la mentira”, y desde enero de este año, el número de agresiones y amenazas no ha dejado de crecer. Según la SIP, la situación ya equivale a una “alta restricción” a la libertad de prensa.

2.- Más al norte, Ecuador vive su propia versión del retroceso. Bajo el pretexto del combate al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha promovido leyes que permiten interceptar comunicaciones sin orden judicial, declarar “conflictos armados internos” sin revisión legal y otorgar al Ejecutivo un poder desproporcionado. Todo esto crea un entorno donde las fuentes periodísticas, la confidencialidad y el libre flujo de información están seriamente amenazados. La democracia no se construye con fuerza bruta ni con espionaje a la ciudadanía.

3.- En Guatemala, el caso del periodista José Rubén Zamora, encarcelado por denunciar corrupción, es un símbolo alarmante. Pese a fallos favorables, continúa en prisión, víctima de un sistema judicial capturado que actúa como brazo de la venganza política. El periodismo independiente ha sido perseguido con saña, y el mensaje es claro: quien se atreva a exhibir la podredumbre del poder, pagará con su libertad.

4.- El Salvador, por su parte, ofrece una postal desoladora: al menos 40 periodistas forzados al exilio, listas negras, amenazas de captura y la reciente “Ley de Agentes Extranjeros” que apunta a silenciar a medios críticos. El régimen de Nayib Bukele ha logrado lo que parecía impensable: una autocensura generalizada en plena era digital, combinada con la indiferencia oficial frente a las denuncias nacionales e internacionales.

5.- La situación en Venezuela ya no sorprende, pero sigue escandalizando. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acusaciones sin pruebas, procesos judiciales estancados y condiciones carcelarias inhumanas son el pan de cada día para periodistas como Carlos Julio Rojas y Nakary Mena Ramos. La represión ha dejado de ser táctica para convertirse en política de Estado.

6.- En Nicaragua, el caso del diario La Prensa sintetiza la tragedia: con su edificio confiscado, toda su redacción exiliada y su labor criminalizada, el medio más antiguo del país resiste desde el exterior. Informar, en palabras de su editor, “es más perseguido que el narcotráfico”. Una frase tan brutal como precisa para describir el régimen de Daniel Ortega.

7,8 y 9.- A esta lista se suman Haití, donde los periodistas son rehenes de las pandillas, Perú, donde la intimidación viene tanto del poder político como de grupos empresariales: amenazas y acoso digital a periodistas de investigación como Rosmery Tapara y René Gastelumendi. Y Honduras, con el asesinato del periodista Javier Hércules Salinas pese a contar con medidas de protección.

10.- Incluso en Argentina, donde la democracia formal permanece intacta, los ataques verbales del presidente Javier Milei contra los medios han provocado una respuesta legislativa para proteger a quienes informan. El proyecto de ley presentado en el Congreso busca frenar el creciente discurso estigmatizante que emana desde el Ejecutivo. Porque sí: las palabras también matan.

Lo que vemos en el continente no son hechos aislados. Es una regresión sistemática y continental, donde los gobiernos —sea por miedo, arrogancia o ambición— buscan silenciar la pluralidad y el periodismo incómodo. Algunos usan leyes, otros la cárcel, el exilio o las balas. Pero todos comparten la misma intención: controlar el relato, imponer la versión oficial y anular la crítica.

Ante esta arremetida, la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los propios medios deben asumir un compromiso más firme. No basta con comunicados. Es momento de defender con urgencia, con solidaridad y con coraje la posibilidad de seguir contando la verdad.