El Cid Ruy Díaz soy, que yago aquí encerrado…
… vencí en Valencia después de muerto encima de mi caballo.
… por ello Dios sea loado.
Epitafio épico del Cid (c. s. XV)
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@BettyZanolli
1854: México colapsa. Al norte se ha concretado la “venta” de La Mesilla; en las Provincias del Norte priva la inseguridad; múltiples pueblos son incendiados; Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se convulsionan; Santiago Vidaurri se apodera de Monterrey y avanza sobre Saltillo; por Guaymas, grupos franco-germanos buscan colonizar territorio sonorense; Comonfort avanza a Zihuatanejo para promover una revuelta en Michoacán; al sureste, Yucatán es ensangrentado por la Guerra de Castas; en el centro se promulgan leyes contra los “murmuradores”. Es la Revolución de Ayutla. El 9 de agosto Santa-Anna abandona la capital y huye a Veracruz. Se abre entonces su “pliego de mortaja” en vida por el que designa a tres sucesores: el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los generales Mariano Salas y Martín Carrera. Sólo letra muerta, como referirá un siglo después Vito Alessio Robles.
¿Por qué semejante nombre? El pliego de mortaja o pliego de providencia (en Perú de sucesión) fue una institución jurídica de la Colonia por la cual se pretendió remediar que instituciones clave para la Corona como la virreinal quedaran acéfalas. Según José Real Díaz, en la consulta al Consejo de Indias del 22 de septiembre de 1578 los propios consejeros recomendaron al monarca que, en vez de enviar al nuevo virrey con un sobre cerrado, sellado y lacrado con el nombramiento de su sucesor, fuera la respectiva audiencia local la que se encargara del gobierno en tanto. Sin embargo, hay registros de que operó en algunos casos durante los siglos XVI y XVII, expedida aún a cargo de los propios virreyes. Entre los más antiguos ejemplos destacan el del virrey novohispano Luis de Velasco quien designó como su sucesor al presidente de la Real Audiencia, Francisco Ceinos en 1564 y, en 1673, el de Pedro de Colón que, luego de suceder en al virrey Mancera, días después de su llegada a la capital virreinal y murió tras sufrir una apoplejía, siendo sucedido por el Arzobispo de México, Payo Enríquez de Rivera. A su vez, en 1610 el gobernador de Santiago de Chile, Alonso García Ramón, designó como sucesor suyo a Luis Merlo de la Fuente, que fungía como Alcalde del Crimen, y en 1669 el del conde de Lemos, quien habría solicitado a la regente Mariana de Austria disponer que los titulares del Virreinato del Perú implementaran este mecanismo para su sucesión.
En el siglo XVIII era práctica ordinaria de la corte borbónica, caracterizándola su secrecía y factura a cargo del propio monarca, quedando a cargo del futuro funcionario su depósito en la audiencia correspondiente con objeto de que, en caso de morir o quedar incapacitado estando en funciones, fuera abierto el pliego por los miembros de dicho órgano judicial al momento de su deceso. En él, el rey designaba a tres sucesores que estarían ocupados en alguna labor de gobierno en territorios cercanos a la sede virreinal en cuestión y cuyos nombres obraban dentro de sobres individuales, cada uno indicando en qué orden serían abiertos, como fue el caso de Manuel de Oms y de Santa Pau, marqués de Castell-dos-Rius que en 1705 llegó al Virreinato del Perú portando el pliego en el que figuraban los nombres de los obispos del Cusco, Arequipa y Quito. En 1710, muertos los dos primeros, fue sucedido por Diego Ladrón de Guevara, el obispo quiteño.
Por cuanto al Virreinato de la Nueva España, la mayoría de los virreyes dieciochescos fueron substituidos mediante este procedimiento: a la muerte de Juan de Acuña, marqués de Casa Fuerte, le sucedió Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, Arzobispo de México, y a Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas, Francisco Antonio Cajigal de la Vega, gobernador de la Habana; a Antonio María de Bucareli, de acuerdo con su respectivo pliego de mortaja, el “capitán general de Santiago de Guatemala” que, debiendo haber sido Matías de Gálvez que acababa de ser nombrado en dicho cargo, por estar ocupada interinamente la capitanía por Martín de Mayorga, correspondió a éste sucederlo. Una de las excepciones fue la de José Joaquín de Iturrigaray. En 1808, los propios oidores de la Real Audiencia decidieron derrocarlo temiendo su filiación proinsurgente, desatendiendo la orden real contenida en el pliego que nombraba como su sucesor a Roque Abarca y acogidos a la real orden del 30 de octubre de 1806, por la que el gobierno quedaba a cargo del militar más antiguo, en este caso Pedro de Garay.
Tiempos que creíamos no revivirían por antidemocráticos, pero que debemos evocar luego de que en los últimos días algunas voces han equiparado al “testamento político” anunciado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con esta institución germinada en el seno del régimen monárquico colonial. Paradójico: lo es sin duda.
¿Tendría efectos jurídicos si nombrara sucesor? No. Sería indiscutiblemente inconstitucional, pero podemos suponer que su objetivo será la “preservación” de “directrices” ideológicas. Vayamos pues de regreso a las lecciones graves que nos da la historia (seguirá).
