Hace exactamente un año, cuando el expediente de Ernestina Ascencio Rosario comenzaba a reactivarse en los tribunales internacionales, advertimos en este mismo espacio que el Estado mexicano se enfrentaba a una colisión inevitable con la realidad.

El fallo de esta semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso fin a 18 años de una impunidad que resultaba ofensiva para la memoria de la mujer náhuatl y para la dignidad de los pueblos indígenas.

La sentencia emitida por la Corte IDH es, antes que nada, un triunfo moral. Al determinar que México incumplió con su deber de garantizar justicia y que violó los derechos a la vida, la integridad y la salud de Ernestina, el tribunal interamericano desmantela pieza por pieza la estructura de encubrimiento que se montó en 2007.

Aquella infame narrativa impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón y secundada por una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en aquel tiempo, actuó más como defensoría de las fuerzas armadas que de las víctimas, ha quedado oficialmente catalogada como una vulneración sistemática a los derechos humanos.

Es de celebrarse que el fallo no se limite a la retórica. Las medidas de reparación ordenadas —que incluyen desde la investigación penal exhaustiva para sancionar a los responsables materiales e intelectuales, hasta la creación de un registro nacional de intérpretes y la mejora de servicios médicos con pertinencia cultural en Veracruz— atacan la raíz del problema: el racismo estructural y la discriminación de género que condenaron a Ernestina antes de que exhalara su último suspiro en el Hospital de Río Blanco.

Hace un año lo dijimos: el caso de la Sierra de Zongolica era el recordatorio más doloroso de los riesgos de la militarización sin controles y de la opacidad institucional. La sentencia que hoy celebramos llega tarde para Ernestina, pero a tiempo para sus hijos y para un México que necesita entender que la justicia no es una concesión del poder, sino un derecho que no puede ser silenciado ni por el fusil ni por el diagnóstico médico manipulado.

El gobierno de México ha aceptado su responsabilidad, un gesto necesario pero insuficiente si no se traduce en acciones inmediatas. La justicia para Ernestina Ascencio Rosario dejó de ser un “pendiente” en la agenda internacional para convertirse en una orden judicial ineludible. Como anticipamos aquí, la verdad siempre encuentra su camino, incluso si le toma casi dos décadas cruzar las montañas de Veracruz hasta llegar a los tribunales de San José.