La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, impulsada desde el Senado ¿es una declaración de intenciones?
Ex subprocurador General de la República
Esta reforma, fundamentalmente, pretende blindar nuestro sistema financiero, cumplir con los estándares globales y proteger la integridad de la economía nacional. No obstante, toda ley que otorga más poder al Estado, amerita una reflexión para prevenir que rompa la línea entre la eficacia y su potencial abuso.
En breve México participará en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En esta ocasión, el énfasis se hará en la efectividad de las medidas adoptadas, por lo que se exigirán pruebas tangibles de que estas dan resultados concretos en la detección, investigación y desarticulación de los flujos financieros ilícitos.
Un punto a destacar de esta reforma, entre otros, es el reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador. Durante años, los criminales han utilizado complejas estructuras corporativas para ocultar al verdadero propietario de los activos. Si México logra implementarlo de manera efectiva, será un golpe directo a la opacidad que tanto beneficia al crimen organizado.
Otro destacable avance es la incorporación de nuevas actividades vulnerables a la legislación, como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos. La inclusión de los activos virtuales demuestra una visión de futuro ante las nuevas tipologías de lavado de dinero.
La reforma también abraza el enfoque basado en riesgos, diferenciando las cargas regulatorias para sectores de bajo riesgo, como las organizaciones de la sociedad civil, y reforzando las medidas para operaciones de mayor exposición, incluyendo el monitoreo automatizado de Personas Políticamente Expuestas. Este es el camino correcto, pues permite optimizar recursos y evitar la “desvinculación” injustificada de clientes legítimos.
La supresión del “dolo específico” en el caso de responsabilidad penal de las personas morales y lavado de dinero. Demostrar la intención criminal, históricamente, es un obstáculo para los fiscales en casos de lavado de dinero. Al modificar este requisito, facilita los enjuiciamientos y mejora la efectividad en la persecución de estos delitos.
La iniciativa es necesaria más que elogiable. La verdadera prueba de fuego para México será su implementación efectiva. El GAFI no sólo evaluará si las leyes están funcionando y arrojando resultados. Esto significa que la inteligencia financiera debe traducirse en investigaciones proactivas, enjuiciamientos exitosos y, crucialmente, en el decomiso sistemático de los activos ilícitos, un punto débil persistente desde la última evaluación.
La reforma mexicana es un paso más para modernizar su marco jurídico antilavado. Es necesaria. Sin embargo, su efectividad no debe menoscabar los derechos fundamentales de las personas. La tentación del uso político de las atribuciones que otorga al Estado y sus agentes la iniciativa de reforma que se comenta es alta. No podemos permitir que eso pase.
Para evitar que estas potenciales fallas o abusos se materialicen, México debe fortalecer la buena fe que se presume en todos sus actos, fortaleciendo sus acciones con mecanismos de supervisión y control judicial, sólo así el combate emprendido gozará de la credibilidad que se requiere en la lucha contra el lavado de dinero.
