Algo trama el exgobernador de Chihuahua y actual senador, Javier Corral. Y es que pese a los señalamientos de corrupción que lo persiguen desde su administración estatal, ha conseguido colocar a dos de sus antiguos colaboradores en posiciones clave dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que hoy está bajo la gestión de Bertha María Alcalde Luján.

Se trata de Gema Guadalupe Chávez Durán y Francisco Fabián García García, viejos conocidos de los expedientes chihuahuenses. Por su parte Chávez, recordada por abandonar su cargo como fiscal anticorrupción antes de concluir su periodo y señalada por presunta persecución política contra Maru Campos, funge ahora como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, con facultades sobre áreas tan sensibles como feminicidios, violencia familiar y trata de personas. García, en cambio, pasó de un perfil técnico en extinción de dominio a encabezar la Fiscalía de Infancias capitalina.

Lo inquietante no es sólo su presencia en estos cargos estratégicos, sino el contexto en que se dan sus nombramientos. Versiones periodísticas apuntan a que fue el propio Corral, desde su asiento en el Senado y como presidente de la Comisión de Justicia, quien operó estas designaciones. Todo ello mientras él mismo sorteaba una orden de aprehensión en agosto de 2024, de la cual salió bien librado gracias a la protección que le habría brindado el entonces fiscal interino, Ulises Lara.

El historial de ambos funcionarios arrastra sombras. En Chihuahua, Guadalupe Chávez no entregó informes de actividades y fue acusada de proteger al círculo cercano de Corral; García García , más discreto, se limitó a seguir el camino trazado por su jefa. Ahora, desde la Fiscalía capitalina, ambos han sido vistos en encuentros reservados con litigantes de alto perfil, entre ellos Gabriel Regino —exfuncionario acusado en el juicio contra El Chapo y García Luna de presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, cargo que él ha rechazado—, así como los penalistas Adrián Arellano y Ricardo Mac Gregor, vinculados a casos como el colapso de la Línea 12 del Metro.

Incluso nombres ligados a tramas más turbias, como Pablo Héctor Ojeda, exsecretario de Gobierno en Morelos y señalado por presuntamente operar empresas fachada ligadas al exgobernador Duarte, habrían buscado interlocución con ellos. Que funcionarios responsables de áreas tan sensibles mantengan interlocuciones en lo oscurito con abogados cuestionados no es un detalle menor.

El caso revela la forma en que un político con cuentas pendientes logra, pese a todo, tejer redes de influencia en la capital del país. De Chihuahua a la Ciudad de México, los tentáculos de Javier Corral se extienden sobre las áreas más delicadas de procuración de justicia. Una jugada que, más que casualidad, parece estrategia de supervivencia política.

Los agremiados disidentes dicen que creó una herramienta digital, la Plataforma Inteligente de Impacto Social (PLIIS), para ofrecer supuestos beneficios sociales a 17 mil trabajadores agremiados, pero en realidad es una cortina de humo para supuestamente administrar a su antojo con la colusión de su Comité Ejecutivo alrededor de 50 millones de pesos mensuales de cuotas sindicales.

El engaño del dirigente sindical es que todos estos “beneficios” son subrogados como empresa de outsourcing y otorgados por compañías externas que venden por volumen lo mismo a cualquier empresa. Es decir, revende a sus trabajadores servicios en 252 pesos que él paga en 100 pesos, que es el valor del mercado.