El fuero
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Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026
En el lenguaje jurídico y político mexicano, pocas palabras despiertan tantas interpretaciones como “fuero”. Aunque suele asociarse con privilegios legislativos, su significado va mucho más allá. Desde la esfera íntima del ser humano hasta las estructuras institucionales del Estado, el fuero representa una idea clave en la organización de la vida social y jurídica.
En su acepción más personal, el fuero interno alude a ese espacio invisible donde habitan nuestras creencias, valores e intenciones. Es la conciencia individual, inaccesible para los demás, pero decisiva en nuestras acciones. Aunque intangible, este fuero interno marca el rumbo de nuestras decisiones cotidianas y revela la dimensión ética que subyace en cada acto humano.
En el terreno jurídico, el fuero adquiere una forma concreta. Se habla de fuero federal, estatal o municipal para delimitar competencias entre distintos niveles de gobierno. En el ámbito judicial, el término define la jurisdicción por materia o territorio: fuero civil, penal, mercantil o militar. Cada uno establece reglas, responsabilidades y límites que permiten el funcionamiento ordenado del sistema legal.
Más allá de su técnica, el fuero refleja la necesidad de establecer fronteras claras entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo. Es una herramienta que permite a las sociedades organizarse, proteger derechos y garantizar que cada institución actúe dentro de su marco legal.
La palabra “fuero” tiene raíces antiguas. Proviene del “foro”, aquella plaza pública donde los ciudadanos romanos debatían asuntos comunes. Lo dicho en ese lugar no debía acarrear al autor daño o consecuencia alguna en aras de la participación ciudadana. Con el tiempo, ese espacio de deliberación se transformó en los parlamentos modernos, donde los representantes del pueblo ejercen el debate político y la creación de leyes.
En México, esta tradición se traduce en el fuero parlamentario: una garantía constitucional que protege la libertad de expresión de los legisladores. Su objetivo legítimo no es otorgar impunidad, sino asegurar que los representantes populares puedan opinar y votar sin temor a represalias. Es un mecanismo que fortalece la democracia, al permitir que el debate político se mantenga libre, plural y responsable.
Para evitar abusos, la legislación contempla controles internos encabezados por los presidentes de cada Cámara. Ellos vigilan que el fuero se ejerza con responsabilidad y que el recinto legislativo funcione como un espacio de deliberación legítima.
Recientemente, la Presidenta Sheinbaum anunció que propondrá la eliminación del fuero legislativo argumentando que es aprovechado por los legisladores para permanecer impunes abusando de la protección que les brinda ante hechos delictivos, y que, al eliminarlo, la vida pública será más equitativa y transparente, lo ve como una barrera que impide sancionar conductas indebidas. Quienes lo defienden argumentan que es indispensable para preservar la utópica autonomía del Poder Legislativo.
La pregunta no es nueva, pero sigue vigente: ¿conviene eliminar el fuero parlamentario? Lo cierto es que el fuero, como institución, no es en sí mismo un privilegio, sino una garantía. Su pertinencia depende del contexto político, de la madurez democrática y del compromiso ético de quienes lo ejercen. En última instancia, más que eliminarlo el reto está en reformarlo con inteligencia, para que sirva al interés público y no a la protección de intereses individuales.
